Revela graves deficiencias ponen en riesgo la defensa de los intereses del Estado y el correcto uso de los recursos públicos
Un devastador informe de visita de control elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) ha puesto en evidencia el caos administrativo, las serias deficiencias y las deplorables condiciones en las que opera la Procuraduría de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. La evaluación, que abarcó del 17 al 20 de marzo de 2025, expone una serie de irregularidades que no solo comprometen la gestión municipal, sino que también ponen en riesgo la defensa de los intereses del Estado y el correcto uso de los recursos públicos.
Instalaciones indignas: expedientes en el suelo y equipos obsoletos. El informe denuncia que la Procuraduría funciona en un ambiente indigno e inadecuado para una entidad encargada de velar por la legalidad de los actos municipales. Se encontró documentación apilada sin orden alguno, expedientes judiciales amontonados en escritorios desvencijados y, en algunos casos, regados por el suelo, expuestos a la humedad y al deterioro. La falta de mobiliario adecuado y archivadores impide el resguardo seguro de los documentos oficiales, poniendo en peligro información crucial para los procesos judiciales en curso.
Además, los equipos de cómputo son obsoletos y, en su mayoría, inoperativos. Según el informe, el personal debe lidiar con computadoras anticuadas, algunas de ellas sin acceso a internet, lo que retrasa la gestión de trámites y la consulta de información relevante para la defensa municipal. Esta precariedad tecnológica convierte a la Procuraduría en un ente ineficaz, incapaz de responder con celeridad a los procesos en los que está involucrada la municipalidad.
Un desorden absoluto: falta de procedimientos y negligencia en la gestión. Según el informe, la Procuraduría Municipal se encuentra sumida en una preocupante falta de organización y adecuación a la normativa vigente. Se detectó que la institución carece de procedimientos administrativos claros, lo que genera un manejo deficiente y caótico de los expedientes legales. La ausencia de un sistema de seguimiento de procesos judiciales podría derivar en pérdidas irreparables para la municipalidad, permitiendo que casos de alto impacto queden en el olvido o sean manejados con una pasmosa negligencia.
Procuraduría a la deriva: omisión de funciones y falta de coordinación. El documento también advierte sobre la preocupante omisión en la gestión del despacho de la Procuraduría. Según los hallazgos de la OCI, los responsables de esta oficina no estarían cumpliendo con sus funciones de manera efectiva, lo que podría traducirse en la pérdida de importantes procesos legales en los que la municipalidad debería defender sus intereses.
A esto se suma la total ausencia de coordinación con otras dependencias municipales. En vez de funcionar como un ente articulado y eficiente, la Procuraduría opera como una isla desconectada, lo que imposibilita una defensa eficaz de los intereses de la comuna. Esta falta de coordinación no sólo pone en peligro los recursos municipales, sino que también abre las puertas a maniobras oscuras que podrían derivar en el debilitamiento de los procesos judiciales en favor de terceros.
Posibles perjuicios económicos y ausencia de transparencia. Los hallazgos de la OCI no son solo una llamada de atención, sino una advertencia urgente sobre los riesgos que corre la municipalidad. La falta de procedimientos claros y la desidia administrativa podrían ocasionar graves perjuicios económicos, comprometiendo el presupuesto municipal y debilitando la capacidad del distrito para ejecutar obras y servicios esenciales.
En un contexto donde la transparencia y la eficiencia en la administración pública son fundamentales, este informe desenmascara una realidad alarmante que podría estar beneficiando a intereses ajenos al bienestar ciudadano. La Contraloría ha emitido recomendaciones urgentes para corregir estas falencias y evitar que la situación se convierta en un escándalo de mayores proporciones.
Silencio cómplice de las autoridades. Pese a la gravedad de las revelaciones, hasta el momento ninguna autoridad municipal ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el informe. El silencio de los funcionarios solo incrementa las sospechas y genera indignación entre la población, que exige respuestas claras y acciones concretas para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la defensa de los intereses del distrito.
Este informe se suma a una serie de observaciones realizadas en diversas municipalidades del país, evidenciando que la crisis en la gestión de los gobiernos locales no es un caso aislado, sino un problema sistémico que requiere medidas urgentes y contundentes.