El Gobierno de la República del Perú ha dispuesto la prórroga del Estado de Emergencia en la provincia de Zarumilla, en la región Tumbes, por un periodo adicional de 60 días calendario, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el orden interno en esta zona estratégica del país.
Durante esta nueva etapa, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará liderando las operaciones de seguridad, en coordinación con las Fuerzas Armadas, que brindarán apoyo en el cumplimiento de las funciones asignadas para garantizar el restablecimiento del orden público.
La decisión de prolongar el régimen de excepción se sustenta en lo estipulado en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que faculta al Ejecutivo a decretar Estados de Emergencia ante circunstancias que comprometan la paz o el orden interno, tales como perturbaciones sociales, graves amenazas a la seguridad o catástrofes naturales.
Con esta medida, se autorizan importantes restricciones a derechos constitucionales en la jurisdicción de Zarumilla. Entre los derechos afectados se encuentran Inviolabilidad del domicilio, Libertad de tránsito, Libertad de reunión, Libertad y seguridad personales.
Estas limitaciones se aplican conforme a lo señalado en los numerales 9, 11, 12 y el literal f) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución.
Zarumilla, por su condición de provincia fronteriza con el Ecuador, enfrenta desafíos particulares en materia de seguridad, incluyendo el tráfico de personas, contrabando, crimen organizado y otros delitos transnacionales. La presencia de organizaciones criminales ha motivado reiteradas solicitudes de intervención por parte de autoridades locales y regionales.
El Gobierno justifica la extensión del Estado de Emergencia como una medida preventiva para garantizar la seguridad ciudadana, proteger las fronteras y fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada.
El Ejecutivo ha reiterado que las operaciones policiales y militares deberán realizarse respetando los derechos humanos y las normas internacionales suscritas por el Perú. Asimismo, se ha anunciado que los operativos estarán sujetos a fiscalización permanente por parte del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de prevenir abusos o excesos en la aplicación de la fuerza.
