Criminales acusan al hermano del gobernador de ser «el dueño de todas las obras» realizadas en Zarumilla
La madrugada del lunes, delincuentes colocaron una dinamita en la puerta de la vivienda de la familia del gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, en un nuevo episodio de extorsión que demuestra que ni siquiera la máxima autoridad regional y sus allegados están a salvo de la criminalidad desatada en la región.
Los extorsionadores exigen el pago de S/10,000 soles a cambio de no atentar contra las vidas de los familiares. El acto fue acompañado de mensajes intimidantes enviados por celular, en los que los criminales acusan al hermano del gobernador de ser «el dueño de todas las obras» realizadas en Zarumilla.
Lo más preocupante es que este no es el primer ataque que sufre la familia Cruces Ordinola. El gobernador confirmó que hace aproximadamente un año, en marzo del 2025, un grupo de delincuentes ya había detonado un explosivo en la misma propiedad. En aquella ocasión, la Policía Nacional logró capturar a un sospechoso de 19 años, quien portaba dos cargas explosivas y un arma de fuego.
«Aproximadamente hace un año más o menos se dio el primer atentado y sobre todo hoy día que ha ocurrido ese atentado muy fuerte que ha destrozado la parte de ingreso y que afecta a las ferreterías que nosotros alquilamos», señaló el gobernador.
Lo que hace más grave aún esta situación es que la propiedad donde ocurren los ataques no es una mansión o un negocio de gran envergadura. Se trata de una pequeña ferretería familiar de apenas seis por diez metros, donde el hermano del gobernador realiza sus actividades comerciales. Un negocio humilde que ha sido blanco reiterado de la violencia criminal.
En sus declaraciones, el gobernador desmintió categóricamente la acusación de los extorsionadores. «A mi hermano le están pidiendo 10,000 soles porque dicen que él es el dueño de todas las obras que hacemos en Zarumilla y no es así. Mi hermano no tiene la capacidad suficiente para poder hacer una obra», manifestó Segismundo Cruces.
Según lo denunciado por el gobernador, los responsables del atentado pertenecerían a una organización criminal asentada en la provincia de Zarumilla. Aunque no identificó específicamente el nombre de la banda, sus declaraciones sugieren que se trata de una estructura delictiva bien organizada que opera con impunidad en la zona fronteriza.
