Contratista R & B SRL usa ambientes universitarios como oficina, se gasta el agua y la electricidad de la casa de estudios y no tiene seguro de riesgo vigente
La Contraloría General de la República, a través de su Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Tumbes (UNT), emitió un informe de control concurrente que revela diversas situaciones adversas y deficiencias en la ejecución de la obra «Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria en Escuela Profesional de Derecho de Centro Poblado Tumbes, primera etapa». La obra, contratada a la empresa Constructora y Servicios en General R & B SRL por un monto de S/ 2 553 480, presenta fallas tanto en la gestión contractual como en los controles administrativos y técnicos, que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos, la protección de los bienes públicos y la transparencia del proceso.
Tres situaciones adversas principales fueron identificadas durante la inspección física realizada el 14 de agosto del 2025. La primera y más grave es que el seguro contra todo riesgo de construcción, obligatorio conforme a las bases del contrato y el expediente técnico, no se encuentra vigente desde el 24 de julio del 2025. Esto significa que la obra y terceros están expuestos a daños o pérdidas ante eventos naturales o accidentes sin cobertura alguna. La póliza presentada por la empresa contratista además no especifica claramente a la Universidad Nacional de Tumbes como beneficiaria, lo que incrementa la vulnerabilidad del proyecto.
La segunda situación adversa detectada es el uso indebido de bienes públicos. Se constató que la empresa contratista y la firma supervisora Hiyesa EIRL utilizan un ambiente de la UNT destinado a «Secretaría Administrativa» como su oficina técnica sin un respaldo formal, con solo una autorización verbal. Este espacio está equipado con mobiliario propiedad de la universidad. Además, el contratista hace uso gratuito y sin control de los servicios básicos de agua y energía eléctrica de la universidad para la ejecución de la obra, generando riesgo de pagos indebidos y afectando el principio de uso adecuado de bienes públicos. Específicamente, se identificó una conexión directa al tablero eléctrico institucional y el uso del agua subterránea del pozo tubular de la entidad para mezclas de concreto, que podría no ser apta para uso constructivo por falta de análisis de calidad del recurso hídrico.
Finalmente, el informe señala que la universidad no registra de manera oportuna la información sobre el avance de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), obligatorio para garantizar transparencia y control social. A la fecha de la revisión, el último registro de avance de obra en el sistema corresponde a mayo de 2025, incumpliendo con el requisito de actualizar mensualmente esta información. Esta falta de actualización dificulta el seguimiento integral del proyecto, limita el acceso público a datos actualizados y reduce el adecuado control por parte de órganos competentes y la ciudadanía.
Estas deficiencias vulneran varias normativas peruanas, entre ellas la Ley de Contrataciones del Estado, el Código de Ética de la Función Pública, la Ley Universitaria, y el Reglamento del Sistema Nacional de Control Interno. El incumplimiento de estos preceptos implica riesgos económicos, daños patrimoniales y pone en entredicho la gestión responsable de los recursos públicos asignados a la UNT.
Entre las recomendaciones emitidas por la Contraloría a la Rectoría de la Universidad Nacional de Tumbes, destacan exigir de inmediato a la empresa contratista la presentación de la póliza de seguro contra todo riesgo vigente, que garantice la protección total de la obra y establezca expresamente a la entidad como beneficiaria. También se debe regularizar y controlar el uso de bienes y servicios básicos de la universidad, formalizando autorizaciones y estableciendo mecanismos para evitar pagos indebidos y proteger los recursos públicos.
Adicionalmente, la UNT debe completar y actualizar cuanto antes la información del avance de obra en el sistema INFOBRAS con el fin de garantizar la transparencia y facilitar el control social, siguiendo la directiva establecida para el registro y publicación oportuna de datos relacionados con las obras públicas.
