La presidenta Dina Boluarte deberá acudir el próximo 31 de mayo al Ministerio Público para responder por las muertes en las protestas que se registraron en el interior del país a causa de la represión de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.
Dina Boluarte es parte de una investigación preliminar que inició la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de genocidio en consecuencia de las muertes en las protestas ocurridas en diciembre del 2022 y enero del 2023. La investigación también alcanza al primer ministro Alberto Otárola; su antecesor, Pedro Angulo; así como a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, además del actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
La citación contra la jefa de Estado se da luego de que el Poder Judicial declarara fundada en parte la tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado, que buscaba ser incluida en la investigación, por la declaración del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola ante la Fiscalía de la Nación.
Con anterioridad, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió suspender tomar el testimonio de la mandataria hasta que la tutela de derechos presentada por la Procuraduría sea resuelta por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
