Las autoridades regionales y municipales que han sido sentenciadas, en primera instancia, por delitos contra la administración pública serán suspendidas en sus cargos para evitar que se aprovechen de sus puestos y de los recursos del Estado durante el proceso judicial.
Así lo decidió el miércoles 17 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), al aprobar un dictamen por diez votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
Se trata de la iniciativa de autoría del congresista Posemoscrowte Chagua Payano (UPP), que propone la modificación de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
El dictamen consideró que la causal de sentencia de primera instancia no puede aplicarse a todos los delitos dolosos, sino a los que constituyan riesgo o peligro en el manejo del patrimonio del Estado.
El objetivo es establecer la causal de suspensión del cargo de las autoridades regionales y municipales sentenciadas en primera instancia por la comisión de delitos contra la administración pública como cohecho, soborno, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, colusión peculado, malversación, entre otros. No incorpora el tráfico de influencias.
CASO WILMER DIOS. Como se ha informado, el pasado 20 de enero, a cuatro años de cárcel efectiva fue sentenciado el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, junto a seis exfuncionarios por el delito de colusión agravada, aunque el magistrado Ricardo Luis Reátegui Herrera, del Segundo Juzgado Unipersonal de Tumbes, dispuso que la medida sea suspendida hasta que se ratifique en segunda instancia.
Al cierre de esta nota, según nuestras fuentes, la próxima semana la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes estaría convocando audiencia para revisar recurso de apelación y resolver en forma definitiva la situación jurídica de los sentenciados, entre ellos el actual gobernador regional Wilmer Dios.
La Sala Penal de Apelaciones podría aumentar la condena, mantener la misma o anularla.
DATO
Cabe mencionar, que la Fiscalía presentó un pedido ante la Sala Penal de Apelaciones para que la condena sea de 6 años de prisión.
