La Contraloría General de la República ha llevado a cabo una minuciosa revisión de la ejecución del saldo de obra titulado «Recuperación del Servicio de Educación Básica Regular en la Institución Educativa N.º 098 Gran Chilimasa del Distrito de Aguas Verdes», la cual está a cargo del gobierno regional de Tumbes. Este proyecto, adjudicado a la empresa Grucons J&M Contratistas Generales S.A.C. por un monto de S/5,603,616.19, con un plazo de ejecución de 120 días, bajo el sistema de contratación a suma alzada y la modalidad de ejecución llave en mano, ha generado preocupación debido a una serie de irregularidades que han sido identificadas.
Uno de los problemas más destacados en el informe es la falta de previsión por parte de la entidad contratante en la contratación de la consultoría de supervisión de obra y el aplazamiento del inicio del plazo de ejecución de la obra. Esta situación plantea un riesgo significativo de que los estudiantes no tengan acceso oportuno a las condiciones adecuadas para llevar a cabo sus actividades académicas. Además, pone en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes y amenaza con no cumplir los objetivos del proyecto.
El informe señala que, a pesar de que los trabajos en la obra comenzaron el 3 de octubre de 2023, no se contaba con supervisión técnica. Además, se verificó que no se habían registrado adecuadamente los detalles de la obra en el cuaderno de obra digital. Esto pone en evidencia una falta de control y seguimiento efectivo por parte de la entidad contratante, lo que podría dar lugar a problemas significativos a lo largo del desarrollo del proyecto.
Otra irregularidad destacada se relaciona con los gastos generales fijos considerados por el contratista. Estos incluyen el trámite de monitoreo arqueológico, lo cual difiere de lo contemplado para obras en el marco de la Reconstrucción con Cambios. Además, se ha constatado que no se ha iniciado ningún trámite de monitoreo arqueológico, lo que podría llevar a que la obra no se ejecute dentro de los plazos programados.
Para abordar esta situación, se realizó una visita a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes para verificar si la empresa contratista había iniciado el trámite de autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) o del Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA). Sin embargo, los registros indicaron que no se habían iniciado tales trámites. Esto podría resultar en la contratación de servicios de arqueólogos de forma inadecuada, lo que afectaría el uso de recursos y podría llevar a imposición de multas por parte del Ministerio de Cultura en caso de que se atente contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
