GORE Tumbes llevó maquinaria y policías para expulsarlos de terreno para ampliación del COAR
Más de 20 familias del sector San Juan de La Virgen se salvaron de ser desalojadas este fin de semana, luego de que maquinaria pesada y personal del Gobierno Regional de Tumbes (GORE) llegaran acompañados de efectivos policiales con el objetivo de retirar a los posesionarios de un terreno destinado, según indicaron, a la ampliación del Colegio de Alto Rendimiento (COAR).
Los afectados, organizados en la asociación “Nuevo San Juan”, señalaron que no fueron notificados formalmente del desalojo y que se enteraron del operativo únicamente a través de rumores. “A nosotros no nos ha llegado ningún papel señalando que hay desalojo. Simplemente por rumores nos enteramos del desalojo. A nosotros un ingeniero nos ha dicho que nos quedemos porque esto no le pertenece al COAR y no han mostrado ningún documento que ordena que desalojemos», denunció una madre de familia.
Los posesionarios presentaron certificados de posesión que datan del año 2014, mientras que, según indicaron, el proyecto COAR habría sido instalado en el área en años posteriores, específicamente entre 2017 y 2019. «Este certificado de posesión que tenemos es del 2014 y el COAR ha empezado en el 2017, y en 2019 recién han puesto sus hitos», agregó uno de los dirigentes vecinales.
Los ocupantes del terreno aseguran haber mantenido y vigilado la zona de manera estable, usando el espacio para fines comunitarios, y ahora temen ser desalojados sin un proceso transparente ni una propuesta de reubicación. Exigen al GORE Tumbes respeto a su derecho a una vivienda digna, diálogo directo y acceso a documentos que justifiquen cualquier medida de desalojo.
Por su parte, Estefano Rueda Andrade, trabajador de la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Tumbes, explicó que el desalojo fue suspendido debido a la falta de personal policial suficiente para ejecutarlo de forma efectiva y segura. «Para hacer un desalojo tenemos que hacer una inspección ocular para luego hacer un informe dirigido a la Procuraduría Pública Regional para que ellos coordinen la recuperación con la Policía Nacional del Perú. En este caso, se ha frustrado el desalojo porque viendo la cantidad de personas que están a la fecha, esta es mayor a la cantidad de efectivos policiales. Por eso quiero aclarar que el desalojo se está paralizando por recomendación de la policía», detalló.
Rueda Andrade subrayó que el retiro de las familias se encuentra suspendido momentáneamente, pero que estas deberán retirarse pacíficamente en el plazo estipulado por las autoridades.
Por ahora, el conflicto sigue abierto y la asociación de posesionarios mantiene su posición de resistencia pacífica mientras solicita una mesa de diálogo con las autoridades para encontrar una solución que garantice sus derechos.
