Falta de identificación y ausencia de inventarios anuales ponen en riesgo el patrimonio educativo
La Contraloría General de la República, a través del informe de orientación de oficio N° 17474-2025, ha dado a conocer detalladas situaciones adversas en la gestión del inventario físico de bienes muebles en la Institución Educativa N° 001 José Lishner Tudela, ubicada en la región de Tumbes. Estas problemáticas ponen en riesgo la integridad, control y administración adecuada del patrimonio público asignado a esta entidad educativa, afectando la continuidad de sus procesos y la consecución de sus objetivos institucionales.
Falta de identificación adecuada de los bienes patrimoniales. Una de las principales irregularidades detectadas es que los bienes muebles asignados a la institución carecen de placas, láminas, etiquetas u otros símbolos materiales que permitan su adecuada identificación. Esta ausencia afecta directamente la capacidad para ejercer control, trazabilidad y custodia de los recursos, generando un alto riesgo de pérdida, sustracción o uso indebido. Durante la inspección física realizada el 16 de enero de 2025 por el Equipo de Servicio Relacionado de Gestión de Denuncias, se comprobó que mobiliario, equipos de computación, laboratorios, bibliotecas y otros bienes no cuentan con códigos patrimoniales ni descripciones precisas.
Incumplimiento en la elaboración del inventario anual de bienes muebles. La Institución Educativa no cumple con la obligatoriedad establecida en la normativa vigente que exige elaborar y actualizar anualmente el inventario patrimonial. La directora en funciones durante los años evaluados reconoció la inexistencia de un registro codificado ni actualizado, limitándose a algunos listados parciales sin la debida validación y sin firma de conformidad. Esta falta de inventarios afecta la incorporación oportuna de los bienes al patrimonio institucional y dificulta la conciliación con los registros contables oficiales, generando fragilidad en la administración pública.
Estas deficiencias constituyen vulneraciones a normativas claves, incluyendo el Decreto Supremo N° 011-2012-ED que define las responsabilidades de la dirección en gestionar y actualizar el inventario de bienes, así como el Decreto Supremo N° 007-2008 y la Directiva N° 0006-2021 relacionadas con la gestión patrimonial. La ausencia de codificación, registro e identificación certificada limita la confiabilidad de los inventarios presentados y puede originar pérdidas o uso inadecuado de los bienes muebles, afectando la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Las inspecciones documentaron que los procesos de entrega y recepción de cargo no garantizan el seguimiento adecuado ni la conformidad del estado físico de los bienes transferidos. Incluso, en algunos casos se limitaron a listados simples sin codificación ni comprobantes firmados. De acuerdo con actas de recopilación, los bienes del Aula de Innovación Tecnológica, la oficina de coordinación, biblioteca y laboratorio presentaban inventarios incompletos y sin códigos patrimoniales. En general, esta situación refleja una gestión deficiente que pone en riesgo el patrimonio público educativo.
La Contraloría recomendó a la dirección de la Institución Educativa N° 001 José Lishner Tudela y a la UGEL Tumbes adoptar con urgencia acciones preventivas y correctivas para regularizar la situación, mejorar el control del patrimonio y asegurar la integridad de los bienes públicos. La implementación de estas medidas es crucial para proteger el capital educativo y garantizar que los recursos estén disponibles y en buen estado para el desarrollo de los procesos formativos en Tumbes.
