El exgerente de obras, Leonardo Rafael León Zapata, será denunciado penalmente y podría ser inhabilitado por Contraloría
La Contraloría General de la República, como ente de control encargado de velar por el uso adecuado de los recursos públicos, ha emitido un informe de control específico que arroja luz sobre supuestas irregularidades en la ejecución de la obra «Recuperación de la Institución Educativa Trigal» en el Centro Poblado Trigal del Distrito de Casitas, Provincia de Contralmirante Villar, en la región de Tumbes. Estas supuestas irregularidades se habrían presentado durante la gestión del exalcalde Leoncio Clavijo Sánchez.
El informe se centra en dos suspensiones de plazo que se acordaron durante la ejecución de la obra. La primera suspensión tuvo una duración de 16 días calendario, mientras que la segunda se extendió por 47 días calendario. La justificación dada para estas suspensiones se basó en problemas relacionados con la precisión del componente equipamiento y mobiliario, en particular en lo referente al numeral 02.02 «computadora portátil – laptop,» que abarcaba las características de 20 computadoras portátiles – laptops valorizadas en S/ 44,667.80 sin incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV). La segunda suspensión se debió a inconvenientes en la instalación del Sistema Eléctrico, que incluía alumbrado y tomacorrientes trifásicos.
Lo que resulta particularmente preocupante es que estas situaciones no eran desconocidas. Las especificaciones de las computadoras portátiles y la instalación eléctrica se habían detallado en el proceso de selección, y no habían recibido observaciones desde el inicio hasta la firma del contrato. A pesar de estas suspensiones de plazo, la Entidad aprobó la liquidación de la obra por un monto de S/ 2,629,719.61, incluyendo S/ 5,206.75 por otras penalidades estipuladas en el contrato. Sin embargo, lo que sorprende es que no se incluyó la penalidad por retrasos injustificados, que asciende a S/ 238,287.74, lo que constituye un perjuicio económico para el Estado.
La Contraloría ha concluido que los funcionarios involucrados acordaron estas suspensiones de plazo sin proporcionar una justificación válida en relación a eventos no atribuibles a las partes, lo que va en contra de lo establecido en el Decreto Supremo n.* 071-2018-PCM y el contrato de obra. Además, otorgar un plazo adicional al contratista permitió la no aplicación de la penalidad por retrasos injustificados, lo que conllevó un perjuicio económico para el Estado.
Estos 63 días adicionales otorgados al contratista llevaron a que la obra no se completara dentro del plazo contractual original, que estaba previsto hasta el 5 de diciembre de 2021, y se extendió hasta el 4 de febrero de 2022 debido a las suspensiones mencionadas.
Ante esta situación, la Contraloría ha solicitado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que inicie una acción penal contra los funcionarios y servidores involucrados en estas irregularidades. Se ha identificado a Milton Dagoberto Martínez Alvarado, quien se desempeñó como gerente municipal, y a Leonardo Rafael León Zapata, quien se desempeñó como gerente de obras y desarrollo urbano, como los responsables de estas acciones. Leonardo Rafael León Olaya enfrenta una responsabilidad penal, mientras que Milton Dagoberto Martínez Alvarado se enfrenta a una responsabilidad administrativa funcional.
Este informe de la Contraloría pone de manifiesto la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas. También destaca la importancia de asegurar que se cumplan los plazos y las penalidades establecidas en los contratos, con el fin de prevenir futuras irregularidades en la gestión de proyectos públicos. La sociedad espera que se haga justicia en este caso y que se tomen medidas para evitar futuras irregularidades en la gestión de proyectos públicos. La integridad y el cumplimiento de las normativas son fundamentales para el buen funcionamiento de las instituciones públicas y la confianza de la ciudadanía.
