Tras la declaratoria de emergencia sanitaria por covid-19 en el país, muchos negocios y empresas se han visto seriamente afectados, por lo que el Gobierno Central tomó medidas y decisiones comprometiendo los fondos públicos con el fin de atender y reducir el impacto económico en nuestro país. Para ello, la Contraloría emitió cuatro informes de control e indica que faltó mayor control para el desembolso de los recursos.
Por ende, se creó el programa Reactiva Perú que, inicialmente, se presupuestó unos S/ 30 000 millones; sin embargo, se incrementó a S/ 60 000 millones. Este dinero sirvió para promover el financiamiento de la reposición de fondos de capital de trabajo a empresas que enfrentaron pagos y obligaciones de corto plazo a sus colaboradores.
Con esta iniciativa, en junio, en la primera fase de ejecución del programa, más del 50% de los beneficiarios eran micro empresas y casi el 40% eran pequeñas empresas, quienes habrían recibido 3.6% y 23.6% del monto asignado al programa, respectivamente. Para ello, la Contraloría General de la República emitió cuatro informes de control para garantizar el logro de los resultados.
Mediante Informe Previo N° 00004-2020-CG/ECOFI, la Contraloría recomendó establecer un sistema de coordinación, supervisión y seguimiento sobre la implementación integral del programa y se advirtió que el riesgo de default crediticio permanece debido a la morosidad y a la capacidad de recuperación de créditos impagos por parte de las Empresas del Sistema Financiero (ESF).
Además, a través de la Orientación de Oficio N° 012-2020-OCI/0001-SOO, se advirtió que el programa no excluye de su alcance a empresas que se acogieron a la suspensión perfecta de labores; que se están incluyendo como beneficiarios a empresas vinculadas a las ESF; y que no se consideraron mecanismos para calcular número y tipo de empresas beneficiarias para la aplicación del programa.
Mientras que en la Orientación de Oficio N° 005-2020-OCI/0014-SOO identificó que en la lista de beneficiarios hay empresas con RUC inválidos; existe la necesidad de implementar controles automatizados a través de la plataforma digital; y no se han definido procesos y competencias para validaciones posteriores de beneficiarios a cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
En el Informe Previo N°0005-2020-CG/ECOFI se recomienda que Cofide verifique el cumplimiento de las labores de las unidades de auditoría interna de cada ESF sobre los créditos otorgados; incorporar restricciones para las empresas que aplican suspensión perfecta y se priorice el préstamo a empresas con mayor riesgo; y que valoren la necesidad de que se priorice el financiamiento a microempresas.
