Fisuras en los acabados de las columnas, deficiencia en el proceso constructivo, residente y especialista en seguridad no se encuentran habilitados, trabajos sin medidas de seguridad y cambio de personal clave
La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, ha emitido el Informe de Hito de Control N° 029-2025, en el que se evalúa el avance de la obra para el mejoramiento del servicio de educación primaria en la Institución Educativa 106 Ing. Alberto Fujimori Fujimori, ubicada en el centro poblado El Porvenir, distrito de Papayal, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes.
El proceso de selección para la contratación del proyecto fue convocado el 16 de agosto de 2024 bajo la modalidad de concurso oferta, con un valor referencial total de S/6 021 105,27. Este monto incluía S/158 260,72 para la elaboración del expediente técnico y S/5 862 844,55 para la ejecución de la obra. El sistema de contratación fue a suma alzada, estableciendo un plazo de 60 días calendario para la elaboración del expediente técnico y 180 días para la ejecución de la obra, sumando un total de 240 días calendario para el proyecto completo.
El 23 de septiembre de 2024, el Comité de Selección adjudicó la buena pro al Consorcio Fujimori, integrado por Inversiones Afer S.A.C., Comercializadora Marawasi S.R.L. y Juan Stalin Velarde Sagastegui, por un monto de S/5 968 351,70. El contrato fue suscrito el 3 de octubre de 2024, estableciendo el inicio del plazo contractual al día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en la normativa vigente.
El inicio de la elaboración del expediente técnico se formalizó el 14 de octubre de 2024, tras la entrega del terreno y la designación de la empresa supervisora Consorcio FFAMER. El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 003-2025-MPZ-GM el 15 de enero de 2025, por el monto contractual adjudicado y bajo el sistema de suma alzada.
En el contrato, el Consorcio Fujimori presentó como personal profesional clave a Máximo Wilfredo Fernández Alemán (residente de obra), Rubén Ernesto Montalván Porras (especialista en calidad), Yonder Uriarte Carrasco (especialista en instalaciones eléctricas) y Yorman David Parrilla Ávila (especialista en seguridad en obra).
Presencia de fisuras en elementos estructurales. Durante la inspección realizada entre el 16 y 18 de junio de 2025, la comisión de control detectó fisuras en elementos estructurales de la obra. Estas fisuras se observaron principalmente en columnas y muros de concreto armado, componentes fundamentales para la estabilidad y seguridad de la edificación. La aparición de fisuras en este tipo de elementos puede deberse a deficiencias en la calidad de los materiales empleados, errores en el proceso constructivo, o a una inadecuada supervisión técnica.
La situación es considerada adversa porque las fisuras, de no ser tratadas oportunamente, pueden evolucionar y comprometer la durabilidad y resistencia de la infraestructura, generando riesgos para los futuros usuarios, en este caso, la comunidad educativa. El informe recomienda la inmediata intervención del contratista para realizar las reparaciones necesarias, así como una evaluación técnica detallada para determinar la causa raíz y evitar la repetición de este tipo de fallas estructurales en otras áreas de la obra.
Deficiencias en el control y supervisión de los trabajos ejecutados. La segunda situación adversa detectada corresponde a deficiencias en el control y supervisión de los trabajos ejecutados por parte de la entidad responsable y la empresa supervisora. El informe señala que se identificaron inconsistencias en la verificación de la calidad de los materiales utilizados y en la correcta ejecución de partidas específicas del proyecto. Por ejemplo, se encontraron partidas ejecutadas que no cumplen con las especificaciones técnicas del expediente aprobado, así como registros incompletos o ausentes en los controles de calidad y ensayos de laboratorio requeridos.
Estas deficiencias en la supervisión pueden derivar en la aceptación de trabajos no conformes, afectando la calidad global de la obra y poniendo en riesgo la inversión pública.
Cambios en el personal profesional clave. Durante la ejecución, se produjo la renuncia irrevocable de dos profesionales clave: el residente de obra y el especialista en calidad. Mediante cartas del 23 de enero de 2025, el consorcio informó la salida de Máximo Wilfredo Fernández Alemán y Rubén Montalván Porras, quienes fueron reemplazados por Wilson Valladolid Piedra (ingeniero civil) y Axel Antonio Arellano Rebolledo (ingeniero civil), respectivamente. La sustitución fue aprobada por la entidad y comunicada formalmente, cumpliendo con los procedimientos administrativos requeridos.
Garantía de fiel cumplimiento y observaciones previas. El consorcio solicitó la retención del 10% del monto contractual como garantía de fiel cumplimiento, equivalente a S/596 835,17, conforme a la cláusula séptima del contrato. Sin embargo, la Contraloría había advertido en un informe previo que una de las empresas del consorcio no cumplía con el requisito de ser MYPE y figuraba con “Baja” en el REMYPE, situación notificada al titular de la entidad en octubre de 2024.
El control concurrente evaluó el avance de la obra correspondiente a la cuarta y quinta valorización entre el 16 y 18 de junio de 2025, verificando que tanto la ejecución contractual como la supervisión se desarrollan conforme a la normativa y las estipulaciones contractuales. El informe detalla que la entrega del terreno, la notificación a los responsables y la designación de la supervisión se realizaron de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso.
El informe concluye que, si bien se han realizado los cambios de personal clave de acuerdo a los procedimientos, la Contraloría recomienda a la Municipalidad Provincial de Zarumilla mantener una vigilancia estricta sobre la idoneidad del personal designado y el cumplimiento de las condiciones contractuales. Asimismo, se reitera la importancia de subsanar las observaciones sobre la composición del consorcio y asegurar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la educación en la región.
