Ambientes en mal estado, sin logística, ROF desactualizado y falta de recursos
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Zarumilla ha emitido el Informe de Visita de Control N.º 015-2025-OCI/0476-SVC, en el cual se identificaron dos situaciones adversas en la implementación y funcionamiento de la Procuraduría Pública Municipal, lo que podría afectar el cumplimiento de sus funciones en la defensa de los intereses del Estado.
El informe se basa en la verificación del cumplimiento de la Ley N.º 31433 y el Decreto Legislativo N.º 1326, normativas que establecen la adecuada gestión de la defensa jurídica del Estado en el ámbito municipal. La inspección se llevó a cabo entre el 12 y 17 de marzo de 2025 y buscó determinar si la Procuraduría contaba con los recursos y el marco normativo adecuado para su funcionamiento.
Inadecuada actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF). El ROF vigente de la municipalidad hace referencia a una normativa derogada, lo que genera inconsistencias con lo estipulado en el Decreto Legislativo N.º 1326. Esta situación afecta la correcta organización y funcionamiento de la Procuraduría, pues las disposiciones obsoletas podrían generar confusión en la aplicación de procedimientos y lineamientos actualizados. La falta de armonización normativa podría derivar en una gestión deficiente y en riesgos legales para la entidad municipal.
Además, el ROF no especifica con claridad las funciones de la Procuraduría Pública, lo que impide una delimitación adecuada de sus competencias y responsabilidades. Esta falta de precisión podría generar superposición de funciones con otras áreas de la municipalidad y afectar la eficacia en la gestión de los casos judiciales y administrativos a su cargo.
Procuraduría Pública Municipal no cuenta con instalaciones adecuadas ni con recursos logísticos necesarios. Se evidenció que la Procuraduría Pública Municipal no dispone de un espacio físico adecuado para el desarrollo de sus actividades. Actualmente, el área asignada carece de condiciones mínimas de infraestructura, tales como mobiliario adecuado, iluminación suficiente y sistemas de ventilación apropiados, lo que dificulta el desempeño de los procuradores y su equipo de trabajo. Además, la falta de privacidad en las oficinas podría comprometer la confidencialidad de los casos en trámite.
Asimismo, se constató la carencia de recursos logísticos esenciales para la gestión eficiente de los expedientes legales.
Falta de archivadores y estanterías adecuadas para la custodia segura de documentos legales, lo que incrementa el riesgo de extravío o deterioro de expedientes.
Ausencia de equipos informáticos modernos, lo que limita la capacidad de digitalización y gestión electrónica de los procesos legales.
Deficiencias en los sistemas de seguridad, ya que no se cuenta con medidas apropiadas para la protección de la documentación bajo custodia de la Procuraduría.
Falta de acceso a bases de datos jurídicas actualizadas, lo que impide a los procuradores contar con información actualizada para la correcta defensa legal del municipio.
La ausencia de estos recursos compromete la capacidad de la Procuraduría para llevar a cabo una defensa jurídica eficaz en favor de la entidad municipal y sus intereses, además de representar un riesgo significativo en la preservación y custodia de documentación clave.
Medidas requeridas y acciones a tomar. En respuesta a estos hallazgos, el jefe del OCI, Pool Jherson Querevalu Paiva, ha solicitado que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la Municipalidad Provincial de Zarumilla informe sobre las acciones preventivas y correctivas que adoptará para subsanar las deficiencias detectadas. Entre las medidas esperadas está la actualización inmediata del ROF conforme a la legislación vigente y la elaboración de los instrumentos de gestión necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la Procuraduría.
Asimismo, se recomienda la asignación de recursos adicionales para fortalecer la Procuraduría, tanto en términos de personal capacitado como en la implementación de herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente de los procesos legales.
La falta de adecuación normativa y de recursos podría afectar la capacidad de la Procuraduría para ejercer su labor, lo que representa un riesgo para la gestión municipal y la defensa de los intereses de la entidad. Además, podría derivar en eventuales sanciones o limitaciones en el ejercicio de la defensa legal del municipio.
