Agentes policiales denuncian carencia de efectivos, logística y movilidad en la unidad que debe garantizar procesos rápidos en 48 horas
La Unidad de Flagrancia de Tumbes, creada en diciembre de 2024 como parte de un proyecto piloto, atraviesa una grave crisis por la escasez de efectivos policiales, falta de recursos logísticos y ausencia de unidad móvil, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus funciones y el procesamiento de casos en el plazo de 48 horas establecido por la ley.
Así lo denunciaron los propios agentes en el Oficio N° 184-2025, enviado el 9 de septiembre al comandante PNP Óscar Rodolfo Ángeles Paredes, jefe de la Divincri Tumbes. Los policías advierten sobrecarga laboral, precariedad en las condiciones de trabajo y falta de medios básicos para las investigaciones, lo que también afecta la seguridad de los detenidos.
La unidad inició con solo dos computadoras, una impresora, dos catres y tres colchones, y fue conformada con 16 policías trasladados de distintas dependencias. Sin embargo, desde entonces el número de agentes ha ido disminuyendo. Desde junio, con la vigencia de la Ley de Flagrancia, los casos se multiplicaron, generando mayor carga para el reducido personal, que asume también turnos como calaboceros y comandantes de guardia.
Además, la falta de un vehículo oficial dificulta las diligencias y la movilidad para investigaciones, mientras que la unidad cuenta solo con dos celdas, incluida una para mujeres, pero no dispone de personal femenino para realizar registros conforme a protocolos.
Los agentes solicitan con urgencia la asignación de más efectivos, personal femenino, unidad móvil, armamento estatal, chalecos antibalas, grilletes y mejor equipamiento logístico (computadoras, impresoras y mobiliario). Denuncian además la indiferencia de sus superiores, ya que ni el coronel PNP Julio César Garcés Solano ni el general PNP Luis Enrique Pacheco Cornejo han visitado la unidad para constatar las condiciones actuales, lo que refleja falta de interés por el bienestar del personal.
Los policías exigen la devolución de los efectivos retirados, mayor personal capacitado en investigación criminal y recursos para poder cumplir con eficiencia y seguridad el proceso inmediato de los casos, en cumplimiento con la norma que establece un plazo máximo de 48 horas para remitir los casos a proceso.
La carencia de material logístico y unidad móvil afecta seriamente la operatividad policial para diligencias como citaciones y constataciones, limitando la capacidad de respuesta en la Unidad de Flagrancia.
