La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una jornada histórica de articulación institucional al desarrollar en la Plazuela Bellavista la 8.ª Feria Nacional Simultánea «Llapanchikpaq Justicia», un evento que colocó en el centro de la agenda pública el acceso equitativo a la justicia, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género y la protección de grupos vulnerables.
Bajo el lema «Por la NO violencia contra las mujeres», esta feria congregó a ciudadanas y ciudadanos de diversos sectores de Tumbes, quienes accedieron de manera completamente gratuita a servicios integrales de orientación legal, psicológica y social, rompiendo con la tradicional barrera de acceso que representa el aparataje judicial convencional.
La iniciativa ofreció asesoría especializada en materias críticas para la protección y el bienestar de la población: violencia contra la mujer, agresiones a miembros del grupo familiar, pensiones alimenticias, trata de personas, procesos de conciliación y justicia juvenil. Cada uno de estos temas refleja las realidades más urgentes que enfrenta la población tumbesina.
El Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Nacional del Perú, centros de salud, municipalidades y programas sociales instalaron módulos informativos y de atención inmediata, funcionando como una red articulada de protección que permite a las personas recibir respuestas en múltiples frentes simultáneamente.
Este modelo de intervención es particularmente importante porque entiende que las necesidades de justicia no existen aisladas, sino que están entrelazadas con realidades de salud, seguridad, bienestar social y acceso a derechos fundamentales.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes enfatizó que esta feria es resultado del trabajo permanente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y del programa «Justicia en tu Comunidad», iniciativas diseñadas explícitamente para descentralizar la justicia, llevándola desde los espacios formales de los juzgados hacia las plazas y barrios donde concentra la mayor demanda de servicios la ciudadanía.
Esta estrategia reconoce una verdad fundamental: la justicia institucional tradicional, si bien imprescindible, resulta inaccesible para amplios sectores poblacionales debido a barreras geográficas, económicas y culturales. Trasladar los servicios de justicia hacia los espacios comunitarios representa un cambio paradigmático en la concepción del acceso a derechos.
