Ya se cumplieron 15 días desde que Hildebrando Antón asumió el cargo de alcalde de Tumbes, tiempo que le ha sobrado al alcalde para llenar de preocupación a la población por el desorden, confusión y “metidas de pata” que se han evidenciado en tan corto tiempo.
Hasta la fecha no se conocen a todos los funcionarios municipales, apenas hace algunos días se entregaron recién las resoluciones de alcaldía para ciertos puestos dejando en el aire a otros puestos de confianza.
Ingresamos al portal web de la Municipalidad de Tumbes. Se ve horrible a comparación de otras comunas. Ingresamos a la pestaña de documentos normativos y solo están colgados los últimos de la gestión anterior, es decir sigue desactualizada.
En la pestaña de funcionarios municipales, aparece la fotografía del alcalde y más abajo los nombres de algunos de sus hombres de confianza con su resolución.
En el cargo de secretaría general está el abogado Carlos Alberto Pianto Mendoza, designado el 03 de enero.
Le sigue un asesor de alcaldía, pero no aparece ni su nombre y menos su resolución, es decir está en el anonimato.
Como gerente municipal se designó al Ing. Walter Antonio Pérez Chonate. En una noticia de agosto del 2020 de Diario Hechicera, se dio a conocer su detención por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, esto luego de que según su ex conviviente Grisseth Jaramillo Rivera, este se le habría acercado con la intención de agredirla. Él tenía mandato judicial de no acercarse a la mujer dictada por el Juzgado Mixto de Zarumilla.
La gerencia de administración pasó a manos de Julio César García Reyes recién el 09 de enero. Christian Dios Romero fue designado a la Gerencia de Planificación y Presupuesto. Socorro Elizabeth Rodriguez Sanchez a la Gerencia de Rentas. Julio César Benites Hidalgo a la Gerencia de Desarrollo Económico.
Como gerente de Asesoría Legal se designó al abogado Raúl Enrique Voysest Oliva, exjuez destituido por un polémico fallo donde dispuso el cese de prisión preventiva a favor de tres efectivos de la Policía involucrados en el caso “Los Chivitos de Campo Amor”, a quienes la Sala Penal de Apelaciones les revocó la medida.
La gerencia de seguridad ciudadana recae en Armando Franco Ramos. Más debajo de la lista vemos que aún no están colgadas las resoluciones de los gerentes de EMISAC y EMUCSAC, pese a que se eligió de forma cuestionable la directiva de una de las empresas paramunicipales contraviniendo lo que dice su estatuto.
Como gerente de Desarrollo Rural y Urbano se eligió a Aníbal Darío León Balladares, un exfuncionario de la gestión corrupta de Gerardo Viñas Dioses. En el sistema del Poder Judicial podemos verificar que en su momento este funcionario fue denunciado junto con otros exhombres de confianza de Viñas por el delito de colusión en agravio del Estado. Además, según la Citación N° 075-DIRINCRI PNP/DRDIC-TUM DEPINCRI-AAMP, Aníbal León tenía que brindar su testimonio por un caso sobre el presunto delito Contra la Fe Pública en la modalidad de falsificación de documentos.
En la gerencia de inclusión social tenemos a Mariella Velasquez Oyola, lo curioso es que al dar click para descargar su resolución nos aparece el curriculum vitae del Dr. Carlos Feijoo Ruiz.
En la gerencia de Gestión de Residuos Sólidos aparece José Antonio Silva Chavez. En la subgerencia de obras está Carlos Alfonso Bardales Taculi, quien fue sentenciado en el 2016 por el delito de colusión en el famoso caso “Megajuicio”. Además, había sido sentenciado a 8 años de prisión junto a Chicho Cruces por el delito de colusión agravada en la obra “Rehabilitación de la carretera Cabuyal – El Prado, cañón El Tigre en Pampas de Hospital”, pero luego fue absuelto.
En la subgerencia de personal aparece Juan López Vinces, mientras que en el resto de subgerencias no nos aparece ninguna resolución y vemos varios nombres de funcionarios de la gestión de Jimy Silva, por tanto, asumimos que hasta el momento el alcalde no ha formalizado sus ceses y la designación de nuevos funcionarios.
Un hecho particular es que todas las resoluciones han sido firmadas además del alcalde Hildebrando Antón Navarro, por el secretario general Carlos Alberto Pianto Mendoza. Según la opinión de algunos abogados esto sería irregular y hasta podría invalidar la resolución.
