Revela fallas en la ejecución de estructuras metálicas, instalación de un sistema fotovoltaico deficiente y sistema sanitario que pone en riesgo la calidad y vida útil de la obra.
La obra de mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Inmaculada Concepción de Tumbes, una inversión millonaria destinada a modernizar la infraestructura educativa para más de 1,100 alumnos, se encuentra en peligro debido a una serie de alarmantes deficiencias técnicas y fallas en la supervisión. El reciente informe de la Contraloría General de la República, específicamente el Hito de Control N.º 24445-2024, emitido el 4 de octubre de 2024, revela una preocupante cadena de irregularidades que ponen en riesgo no solo la calidad de la obra, sino también la correcta utilización de los recursos públicos.
La Comisión de Control ha identificado severas deficiencias en la ejecución de varias partidas esenciales, como la instalación de la estructura metálica y las instalaciones sanitarias. Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia total de protocolos de verificación en las soldaduras empleadas en las estructuras metálicas. Según el informe, el contratista no ha implementado ningún tipo de prueba de resistencia, a pesar de que esto es un requisito fundamental para asegurar la durabilidad y seguridad de la estructura. Peor aún, el expediente técnico de la obra no incluye especificaciones claras sobre el ensamblaje de estas estructuras, lo que deja al contratista sin orientación precisa para la ejecución de este trabajo.
Durante la inspección realizada por la Contraloría, se constató que las soldaduras utilizadas, específicamente la técnica de soldadura a tope, no están siendo sometidas a protocolos de verificación adecuados. Este tipo de soldadura requiere una preparación especial de los bordes y un control riguroso de la calidad del trabajo, ya que, de lo contrario, puede comprometer la resistencia de las uniones metálicas. Sin embargo, el personal en obra admitió que no cuentan con soldadores homologados, lo que incrementa el riesgo de fallos estructurales en el futuro.
Las deficiencias en las instalaciones sanitarias son igualmente graves. La Contraloría constató que los puntos de desagüe para la instalación de inodoros se encuentran a distancias incorrectas, variando entre 35 y 38 centímetros, cuando la normativa exige que estén a 30 centímetros del muro. Este desajuste puede causar problemas operativos significativos, afectando no solo la funcionalidad del sistema sanitario, sino también la estructura de los pisos y losas sobre las cuales se instalan estos equipos.
Estas fallas técnicas, no solo comprometen la calidad final de la obra, sino que también podrían reducir drásticamente su vida útil, generando un desperdicio monumental de recursos públicos y poniendo en peligro el bienestar de la comunidad educativa que debería beneficiarse de este proyecto.
Otro de los aspectos críticos señalados en el informe es la inacción de la entidad supervisora frente a los riesgos asociados con el sistema de iluminación fotovoltaico para los campos deportivos. Desde febrero de 2024, la Comisión de Control advirtió sobre inconsistencias en el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, afirmando que los cálculos realizados por el proyectista no garantizan que la instalación pueda satisfacer la demanda energética requerida. Esta observación fue comunicada en su momento, pero a la fecha, el Gobierno Regional de Tumbes no ha emitido ninguna respuesta ni ha tomado acción correctiva.
Durante la inspección física realizada en septiembre de 2024, se verificó que la obra ya había alcanzado el 95% de avance en el estado de «casco gris», pero las partidas relacionadas con el sistema eléctrico fotovoltaico aún no se han ejecutado. El riesgo aquí es que, al no corregir las fallas de diseño, el contratista termine instalando un sistema que sea incapaz de proveer la energía necesaria, lo que no solo iría en contra de los objetivos del proyecto, sino que también representaría un uso ineficiente de los recursos del Estado.
Lo más alarmante es que ni el residente ni el supervisor de la obra estaban al tanto de esta observación técnica. Ambos funcionarios declararon a la Comisión de Control que desconocían la advertencia realizada sobre el sistema fotovoltaico, lo que evidencia una clara falta de coordinación y una grave omisión en la supervisión técnica del proyecto.
El proyecto no solo enfrenta problemas técnicos, sino también una serie de ampliaciones de plazo y sobrecostos que complican aún más su desarrollo. A pesar de que el contrato inicial establecía un plazo de ejecución de 365 días calendario, la obra ha sido objeto de múltiples ampliaciones de tiempo debido a fallos en la ruta crítica del cronograma y la aprobación de adicionales de obra. Hasta la fecha, se han aprobado tres ampliaciones de plazo, que suman 85 días adicionales, con un nuevo costo total de S/ 19,581,497.98, lo que implica un incremento considerable respecto al monto inicial.
Asimismo, la obra estuvo suspendida durante 112 días debido a la falta de designación de un supervisor, lo que paralizó completamente los trabajos hasta abril de 2024. Esta falta de previsión y gestión eficiente ha generado retrasos que ponen en duda la capacidad del Gobierno Regional de Tumbes para culminar el proyecto en los plazos previstos.
El informe de la Contraloría concluye que las deficiencias encontradas, tanto en la estructura metálica como en el sistema sanitario y fotovoltaico, son resultado directo de una falta de supervisión adecuada y de la inacción del Gobierno Regional de Tumbes. A pesar de las advertencias tempranas, la entidad encargada no ha tomado medidas correctivas, lo que podría generar una obra deficiente y no funcional, afectando directamente a la comunidad educativa.
