En Tumbes, la situación de las personas con discapacidad se encuentra en una situación crítica debido al incumplimiento por parte del gobernador regional, Segismundo Cruces, en el otorgamiento del presupuesto del 1% que, por ley, debe destinarse en beneficio de este grupo vulnerable. A pesar de la obligación establecida en la Ley 29973 y su reglamento, el gobernador ha hecho caso omiso de lo que les corresponde legalmente.
Las organizaciones y dirigentes regionales de las personas con discapacidad, tanto a nivel provincial como regional, han alzado su voz y se encuentran en una lucha constante en defensa de sus derechos. Han ingresado un documento, fechado el 2 de junio, dirigido al consejero delegado Henrry Risco, exigiendo que se inicie la fiscalización del 1% que les corresponde según la Ley 31638. Esta ley específica claramente que es responsabilidad funcional del titular del pliego garantizar dicha asignación presupuestaria, y se espera que la Sala en Pleno ejecute las acciones correspondientes de acuerdo a la ley.
La Asociación FEDIRTUM, una organización que representa a las personas con discapacidad en la región de Tumbes, ha expresado su profunda preocupación por la falta de avances en la atención de esta problemática. En su comunicado, han manifestado que hasta el quinto mes del año 2023 no se ha realizado absolutamente ningún progreso en relación a las acciones y medidas necesarias para abordar las necesidades de las personas con discapacidad.
Uno de los aspectos que han resaltado es el plan de trabajo presentado por la Oficina de OREDIS (Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad). Según la organización, este plan muestra un total desfase y carece de proyección para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad en la región. Esto refleja un desconocimiento o falta de interés por parte del personal encargado de dicha oficina en abordar adecuadamente las necesidades de este sector de la población.
Ante esta situación, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan exigen de manera enérgica que se cumpla con la asignación presupuestal establecida por ley. Además, solicitan un cambio inmediato en la responsabilidad de la Oficina de OREDIS, considerando que no solo las sociedades civiles organizadas de las personas con discapacidad demandan dichos cambios, sino también las instancias competentes.
En respuesta a esta situación, se espera que las autoridades regionales y el Consejo Regional de Tumbes tomen acciones inmediatas para abordar esta problemática y garantizar el cumplimiento de la ley. Se insta a que se realice una revisión exhaustiva del presupuesto asignado a las personas con discapacidad y se implementen medidas efectivas que mejoren su calidad de vida y bienestar.
Asimismo, los dirigentes y representantes de las personas con discapacidad expresan su disposición para participar activamente en la próxima Sesión de Consejo Regional, donde presentarán propuestas y recomendaciones con el objetivo de lograr una mejora significativa en la atención y calidad de vida de las más de casi 35,000 personas con discapacidad en la región de Tumbes.
El incumplimiento por parte del gobernador regional de Tumbes en otorgar el presupuesto del 1% destinado a las personas con discapacidad ha generado una profunda indignación y preocupación en la comunidad. Esta falta de atención y compromiso hacia este grupo vulnerable de la población pone de manifiesto la necesidad de implementar acciones concretas y efectivas para garantizar el cumplimiento de la ley y mejorar la situación de las personas con discapacidad en la región.
Es imperativo que las autoridades regionales tomen medidas inmediatas para corregir esta situación, velando por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad. Solo a través de un compromiso real y acciones concretas se podrá lograr una verdadera igualdad de oportunidades y una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad en Tumbes.
María Rodríguez, quien padece de una discapacidad, expresó su decepción y frustración ante la falta de compromiso por parte de las autoridades regionales. «Nos sentimos abandonados y olvidados. La ley nos ampara, pero parece que el gobernador no considera nuestras necesidades como una prioridad. Necesitamos que se cumpla con el presupuesto asignado para poder acceder a servicios y apoyos que nos permitan desarrollarnos plenamente».
Pedro López, quien utiliza silla de ruedas debido a una discapacidad motora, afirmó: «El acceso a una vida digna y a oportunidades de desarrollo es un derecho fundamental para las personas con discapacidad. No podemos permitir que se nos ignore y que no se destine el presupuesto correspondiente. Exigimos que nuestras voces sean escuchadas y que se nos brinde igualdad de oportunidades».
Carlos Sánchez, como representante de las personas sordas, destacó la importancia de contar con recursos adecuados para promover la inclusión y la accesibilidad. «Necesitamos intérpretes de lengua de señas en los servicios públicos, educación inclusiva y apoyos para el desarrollo de habilidades. El presupuesto del 1% es vital para asegurar que nuestras necesidades sean atendidas y que podamos participar plenamente en la sociedad».
Estas declaraciones reflejan la frustración y la urgencia de las personas con discapacidad en Tumbes por el incumplimiento del gobernador regional en cuanto al otorgamiento del presupuesto del 1%. Es evidente que esta falta de compromiso tiene un impacto negativo en la vida diaria de las personas con discapacidad y obstaculiza su acceso a servicios y oportunidades que les permitirían desenvolverse de manera plena en la sociedad. Es fundamental que las autoridades tomen conciencia de esta situación y actúen de manera inmediata para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en la región de Tumbes.
