Familiares de Carlos Manuel Ortiz Mogollón, de 52 años de edad, conocido como “Tico”, quien venía cumpliendo mandato de seis meses de prisión preventiva en el penal de Puerto Pizarro denunciaron que su muerte sería por una presunta negligencia por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
Además, refieren que su fallecimiento sería por una presunta negligencia médica por parte del personal de salud del establecimiento penitenciario que no trasladó a tiempo al enfermo hasta el Hospital “José Alfredo Mendoza Olavarría” JAMO II-2, con el fin que reciba atención médica especializada.
La familia narró que fue interno del penal quien se comunicó vía telefónica con la esposa del hoy occiso, que Carlos Manuel había sido trasladado hasta el nosocomio tumbesino, por complicaciones en las vías urinarias. Añaden, que al momento que ingresa al hospital le practicaron prueba rápida contra la Covid-19 y sale positiva, que el estado de saturación de oxígeno era de 85%, con oxígeno llegaba a 95%. Que los funcionarios del Inpe nunca se comunicaron con la familia de Ortiz Mogollón sobre su traslado.
Asimismo, expresaron su malestar ya que en el penal de Puerto Pizarro se negaban que ingresen medicamentos para la diabetes y la insuficiencia renal que sufría el hoy occiso.
A las 4 de la tarde del miércoles, los restos Carlos Manuel Ortiz Mogollón, quien era conocido como “Tico” fueron sepultados en el cementerio San Carlos de la provincia de Zarumilla.
REGISTRABA ORDEN DE CAPTURA
Carlos Ortiz Mogollón presentaba orden de captura emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Contralmirante Villar por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.
El 14 de septiembre del 2021, Ortiz Mogollón fue detenido en la expansión del barrio Miraflores de la provincia fronteriza de Zarumilla a inmediaciones de la carretera al distrito de Papayal cuando los encubiertos del Frente Policial de Tumbes realizaron acciones tácticas en la zona.
El sujeto fue trasladado a la sede de la Policía Judicial para el procedimiento correspondiente. Luego el poder judicial dictó seis meses de la medida coercitiva, la misma que vencía este 14 de febrero.
