La Contraloría General de la República ha emitido un informe crítico que pone de manifiesto deficiencias en la administración de viáticos por comisión de servicios en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tumbes (UGEL). En el periodo comprendido entre abril y julio de 2023, se otorgaron viáticos por un monto total de S/ 15,260, y las irregularidades detectadas podrían poner en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos.
El informe de Orientación de Oficio N.º 007-2023-OCI/5508-SOO señala que la UGEL Tumbes otorgó viáticos por comisión de servicios a ocho de sus empleados, pero lamentablemente, cinco de ellos no cumplieron con el requisito de rendir cuentas en el plazo estipulado por la normativa vigente. Según el Decreto Supremo N.º 007-2013-EF y su directiva interna, los comisionados deben presentar sus rendiciones en los diez días hábiles posteriores a su regreso, y este incumplimiento representa un serio problema de control y transparencia en la gestión pública.
Además de la falta de rendiciones a tiempo, se identificó que no se adjuntaron informes detallados de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante las comisiones de servicio. Esta ausencia de documentación relevante perjudica la supervisión y el control de la gestión pública, comprometiendo la eficacia de la administración y el uso adecuado de los recursos estatales.
Un aspecto adicional que preocupa es la asignación de montos incorrectos por concepto de viáticos. En seis casos, se entregó a los comisionados una suma de dinero tanto por viáticos como por pasajes, a pesar de que la normativa establece un monto único de S/ 320 por día para funcionarios y empleados públicos que incluye alimentación, hospedaje y movilidad en el lugar de destino. Esta discrepancia en la asignación de fondos demuestra una falta de claridad en los procesos administrativos y financieros de la UGEL Tumbes.
Otro hallazgo importante es que en dos casos, la UGEL solicitó viáticos para comisiones que no se correspondían con las fechas y duración de los eventos en los que los empleados participaron. Tanto el Decreto Supremo como la directiva interna especifican que solo se considera un día de comisión cuando la duración es mayor a cuatro horas y menor o igual a veinticuatro horas. Esta práctica inadecuada puede llevar a un uso ineficiente de los recursos públicos y una falta de control en la asignación de viáticos.
La revisión de los comprobantes presentados durante el período de evaluación también reveló serias deficiencias. Cinco de estos comprobantes no son aceptables tributariamente para la UGEL Tumbes, ya que están a nombre de otra unidad ejecutora, carecen de detalles del cliente y presentan descripciones genéricas. Además, 50 comprobantes no detallan el tipo de servicio prestado, y siete de ellos están a nombre de los trabajadores en lugar de la institución. Esto plantea interrogantes sobre la adecuada supervisión y verificación de los comprobantes por parte de la oficina de tesorería de la entidad.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la identificación de una declaración jurada de sustento de gastos sin documentos que respalden sus afirmaciones y que no se ajusta a la realidad. Esto sugiere una falta de supervisión efectiva por parte de la tesorería de la UGEL Tumbes en relación con los comprobantes presentados por los comisionados durante el ejercicio fiscal 2023.
La Contraloría General de la República ha remitido este informe a la directora de la UGEL Tumbes, instándola a tomar las acciones correctivas necesarias para abordar estas deficiencias en la administración de viáticos. Asimismo, el informe se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria, en línea con el compromiso de transparencia y acceso a la información pública.
Estas deficiencias en la administración de viáticos resaltan la importancia de una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos. La Contraloría General de la República continuará supervisando y evaluando las prácticas administrativas de las entidades estatales para garantizar el uso adecuado de los fondos del Estado y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
