Se pone en riesgo la nutrición de las poblaciones más vulnerables
La Contraloría General de la República ha emitido varios informes que revelan graves irregularidades en la distribución de alimentos destinados a los programas sociales en la Municipalidad Provincial de Tumbes. Los problemas, que afectan tanto al Programa de Complementación Alimentaria (PCA) como al Programa del Vaso de Leche (PVL), compromete la adecuada alimentación de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
El Informe N.º 093-2024 destaca que la distribución de alimentos del PCA, realizada en agosto de 2024, no se llevó a cabo de manera completa en diversos comedores populares de la región. En visitas de inspección a los comedores «Fe y Alegría» (ubicado en el AA.HH Ciudadela Noe – Puyango) y «Vista del Valle» (ubicado en el AA.HH Nuevo Pampa Grande), la Contraloría constató que ambos centros no recibieron el Entero de Jurel correspondiente a la segunda entrega de alimentos, afectando a los beneficiarios que dependen de este complemento alimenticio. En las actas de entrega, la municipalidad indicó que este producto sería entregado en un plazo de 30 días, lo que excede el plazo máximo de una semana permitido en situaciones excepcionales, según el reglamento del PCA.
Este incumplimiento se agrava debido a que el jurel es una fuente esencial de proteínas en la dieta de los beneficiarios del programa. La normativa establece que en casos justificados se podría distribuir una canasta parcial, siempre que los productos faltantes sean entregados en un máximo de siete días. Sin embargo, los retrasos de hasta un mes que se registraron, según la Contraloría, vulneran los derechos de los usuarios del programa y ponen en riesgo los objetivos del PCA.
Adicionalmente, se encontró que los certificados de calidad de los productos no corresponden a los lotes ofertados por el proveedor, lo que impide garantizar la calidad sanitaria de los mismos. Esta situación se evidenció en la entrega de jurel, donde el certificado presentado era uno sanitario de venta local, distinto al estipulado en la oferta, lo que pone en duda la salubridad de los alimentos distribuidos.
El Informe N.º 094-2024-OCI/475-SCC también reveló serias falencias en la distribución de productos del Programa del Vaso de Leche (PVL). Una de las principales observaciones es que la municipalidad distribuyó alimentos a comités no reconocidos formalmente, como «Amiga de las Mercedes» y «Amor a tu prójimo», ambos en el sector Pampa Grande. Esta acción, según la Contraloría, no solo afecta la legalidad de las operaciones, sino que podría comprometer la correcta administración de los productos, impidiendo un adecuado control sobre los insumos distribuidos.
Otro de los problemas señalados es la falta de transparencia en los documentos utilizados para la distribución. Los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA) utilizados en el proceso no incluían información clave, como la fecha de vencimiento, número de lote, marca y datos del responsable del almacén. Estas omisiones, según el informe, no garantizan la veracidad del proceso y podrían poner en riesgo la entrega oportuna de los productos a los beneficiarios.
La Contraloría también alertó que de los 129 comités del Programa del Vaso de Leche registrados en Tumbes, solo 59 cuentan con una resolución oficial de reconocimiento, lo que indica una deficiente organización por parte de las autoridades locales. Esta situación no solo afecta la legalidad del proceso, sino que pone en riesgo la continuidad de la entrega de alimentos a aquellos beneficiarios que dependen de este programa para su alimentación básica.
Además, los productos del PVL distribuidos en agosto tampoco fueron entregados de manera proporcional, y se evidenció un manejo inadecuado de los insumos, lo que compromete el valor nutricional de las raciones establecidas. Esto podría generar saldos de productos sin distribuir o problemas con el stock en almacén.
La Contraloría ha señalado que estas deficiencias evidencian la necesidad urgente de que la Municipalidad Provincial de Tumbes adopte medidas correctivas inmediatas para garantizar que los alimentos lleguen de manera completa y en las condiciones adecuadas a las poblaciones vulnerables. Las omisiones en la entrega de productos y las irregularidades en los documentos de salida no solo comprometen la legalidad de las operaciones, sino que ponen en peligro la seguridad alimentaria de miles de personas.
Además, se ha instado a la municipalidad a regularizar la situación de los comités no reconocidos y garantizar que las entregas futuras se ajusten a lo estipulado en los contratos y reglamentos. De no ser así, los beneficiarios de los programas PCA y PVL seguirán viéndose afectados, comprometiendo su derecho a una adecuada alimentación.
Las autoridades locales se enfrentan a un plazo de cinco días hábiles para informar sobre las medidas preventivas y correctivas que adoptarán para solucionar estas deficiencias, según lo establecido en los informes de la Contraloría.
