El proceso de licitación convocado por la Universidad Nacional de Tumbes para la consultoría de supervisión de la creación del Centro de Investigación de la institución ha generado polémica debido a presuntas irregularidades cometidas por el Comité de Selección. Se ha revelado que el Gerente General de una de las empresas que conforman el Consorcio ganador se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección.
El Comité de Selección, conformado por Hernán Távara Monzón como Titular Presidente, María Alejandra Herrera Ávila como Titular Miembro 1 y Aldo Antenor Cueva Ramírez como Titular Miembro 2, evaluó las propuestas presentadas por 12 postores de un total de 40 participantes. Sin embargo, sorprendentemente, el 15 de mayo de 2023, se decidió otorgar la buena pro al Consorcio Supervisor UNT Tumbes, cuyo valor de oferta ascendía a S/. 334,572.48 soles.
La polémica surge a raíz de una revisión en el Buscador de Proveedores del Estado, donde se constató que el Gerente General de la empresa GEYOSI INGENIEROS S.A.C., que forma parte del Consorcio Supervisor UNT Tumbes, se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado según el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. José Manuel Yovera Siesquen, gerente general de GEYOSI INGENIEROS S.A.C., ha sido condenado por el Poder Judicial por delitos contra la administración pública, específicamente por peculado.
Este hecho, por sí solo, debería invalidar la buena pro otorgada al Consorcio Supervisor UNT Tumbes, ya que contraviene las disposiciones legales vigentes.
Además de la inhabilitación del gerente general, se han levantado sospechas sobre posibles actos de colusión entre algunos miembros del Comité de Selección y el consorcio ganador. Se ha señalado que el comité presidido por Hernán Távara Monzón habría infringido la normativa de contrataciones al no otorgar el plazo para subsanación de la oferta técnica de los postores no admitidos y no calificados, como estipula el Artículo 60 – Subsanación de la Oferta. Esto habría dado lugar a la exclusión arbitraria de algunos postores, alegando motivos irrelevantes como discrepancias en firmas o discrepancias entre plazos en letras y números.
Asimismo, se ha observado que el Consorcio Supervisor UNT Tumbes no cumple con la calificación mínima exigida en las Bases integradas registradas en el SEACE. Según las bases, se requería experiencia en supervisión de obras similares, que incluyera los componentes de mobiliario y equipo. Sin embargo, al revisar los contratos presentados por el consorcio, se encontraron diversas irregularidades. En algunos contratos, no se especificaba claramente la obligación del consorcio de ejecutar la supervisión, mientras que en otros no se acreditaba el mobiliario y equipamiento requerido. Además, se detectaron errores en la conformidad de los contratos y la falta de acreditación de pagos por parte del área competente.
Estas deficiencias evidencian un incumplimiento por parte del Consorcio Supervisor UNT Tumbes, lo cual debería haber sido motivo suficiente para su descalificación durante el proceso de selección. Sin embargo, sorprendentemente, el comité decidió otorgarles la buena pro a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en las bases.
Ante esta situación, se ha generado un gran malestar en la comunidad universitaria y en la ciudadanía en general. Se exige una exhaustiva investigación para determinar posibles actos de corrupción y colusión entre los miembros del comité y el consorcio ganador. Además, se solicita que se declare la nulidad de la buena pro otorgada y se realice un nuevo proceso de selección transparente y justo.
La Universidad Nacional de Tumbes y las autoridades competentes deben actuar de manera diligente y transparente para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables de las irregularidades cometidas. La transparencia y la legalidad en los procesos de contratación son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía y evitar cualquier tipo de corrupción en el manejo de los recursos públicos.
La sociedad civil y las instituciones de control deben estar atentas a este caso y exigir que se investigue a fondo para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. El respeto a la normativa y la integridad en los procesos de contratación son pilares fundamentales para el desarrollo y el buen funcionamiento de cualquier entidad pública.
