A nuestra sala de redacción llegaron indicios de una aparente red de corrupción que buscaría robarse el dinero del JAMO
En exclusiva para el Diario Hechicera, ha llegado a nuestra sala de redacción una grave denuncia que expone lo que sería un esquema de corrupción profundamente arraigado en el Hospital Regional Tumbes. Una lista de pagos por ejecutarse, fotos y conversaciones de whatsapp apuntan a la existencia de un entramado que involucra pagos fraudulentos, manipulación de recursos públicos y posibles presiones laborales.
Según información de fuentes confiables, el Lic. Marlon Grimaldo Rodríguez Vinces, Coordinador del Programa de Metaxénicas y del Programa 1001, estaría liderando un presunto esquema de pagos indebidos por más de S/ 70,000. Estos montos estarían dirigidos a personal de enfermería y técnicos por servicios que jamás fueron realizados. Lo más preocupante es que en algunos casos se mencionan a personas que ni siquiera tienen vínculo laboral con el hospital.
MODUS OPERANDI. Se alega que Rodríguez Vinces habría solicitado a trabajadores la emisión de recibos por honorarios para justificar servicios ficticios. Según denuncias, estos pagos ilegítimos habrían sido acelerados en detrimento de sueldos legítimos aún pendientes desde octubre, noviembre y diciembre de 2024.
Entre los casos más llamativos se encuentran:
Lic. Magaly Hoyos Luna: S/ 12,000 por servicios supuestamente prestados en UVICLIN durante mayo, junio y julio de 2024, a pesar de que ya habría recibido dichos pagos por otros conceptos.
Lic. Melissa de la Cruz Cabrera: S/ 12,000 por vacunación y tamizaje en el Programa 1001, pagos que también ya se habrían realizado.
Aux. Eva Castro Chapilliquén: S/ 5,100 por servicios completamente inexistentes, ya que nunca trabajó en el hospital.
Lic. Mayra López Céspedes: S/ 12,000 por servicios que, según registros, no fueron prestados.
UN LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES. Diario Hechicera exige una respuesta inmediata de las autoridades. Se insta a la congresista Magaly Santisteban y a la Contraloría General de la República a realizar una auditoría exhaustiva, con el fin de identificar a todos los involucrados y esclarecer estos presuntos actos de corrupción.
Este posible entramado de corrupción afecta gravemente a la salud pública y erosiona la confianza en las instituciones del sector salud. La ciudadanía demanda que se investigue a fondo, se aplique todo el peso de la ley a los responsables y se protejan los derechos laborales de quienes verdaderamente cumplen con su deber en el hospital.
La salud de Tumbes no puede estar en manos de quienes abusan de su poder. El tiempo apremia, y la investigación a este caso no puede esperar.
