Tal parece que el rector de la Universidad Nacional de Tumbes, retoma ilegalmente funciones en esta casa de estudios, puesto que en su favor se ha concedido el recurso de apelación con efectos suspensivos, es decir, aparentemente, suspendiendo los efectos de la resolución de cancelación de la medida cautelar.
Además, la Sala Civil ya se pronunció sobre el fondo, revocando y declarando infundada la demanda presentada por José Cruz Martínez, de lo cual tiene conocimiento el Juez y, a pesar de ello, ha concedido el recurso de apelación con efectos suspensivos.
Esto de acuerdo a los especialistas, quiere decir que la Sala Civil ya resolvió sobre la pretensión del demandante José Cruz Martínez, es decir, sobre la verosimilitud de la pretensión dónde para explicarlo de otra forma, no es que le hayan otorgado una nueva medida cautelar. Sólo es un tema de procedimiento que, aparentemente, lo habilita, circunstancialmente, hasta que resuelvan o emitan fallo.
Esto significa que ante la desaparición de la verosimilitud de la pretensión como consecuencia de la Resolución Número Diez de fecha 03 de septiembre del 2020 en contra de José Cruz Martínez, se debería haber concedido la apelación sin efectos suspensivos, en base al artículo III del Título Preliminar del Código procesal civil, el cual prescribe que, en caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso y en el presente caso, es que la demanda presentada por José Cruz ha sido declarada infundada.
En conclusión, la demanda presentada por José Cruz Martínez ha sido resuelta en doble instancia y que solo está siendo habilitado por la Resolución Nº ocho de fecha 01 de diciembre del 2022, con efectos suspensivos; pero que, en realidad al haber fijado su criterio la Sala Civil, lo que va a realizar es confirmar la resolución de primera instancia; es decir la Resolución Nº siete de fecha 08 de noviembre del 2022, con lo cual, lo único que se pretende es alargar el trámite de la medida cautelar con el fin de seguir gobernando la Casa de Estudios con propósitos oscuros e invadidos de presuntos actos de corrupción, a sabiendas que se le ha dado todas las condiciones en el procedimiento administrativo sancionador seguido por la Contraloría General de la República para que se defienda, no habiendo desvanecido las imputaciones hechas en dicha instancia administrativa ni tampoco se ha demostrado que se le hayan restringido derechos fundamentales, tal como lo menciona la Sala Civil.
Esperamos que el Poder Judicial acelere el presente caso para evitar que el inhabilitado siga ejerciendo el cargo que ostenta, hoy, en la Universidad Nacional de Tumbes; más aún; si sobre él y la mayoría de sus funcionarios pesan diversas denuncias de actos ilícitos.
