El rector de la Universidad Nacional de Tumbes, José De la Rosa Cruz Martínez, tendría que dejar el cargo como autoridad de la principal casa de estudios de la región, esto luego de que fuera notificado con la resolución del Poder Judicial que deja sin efecto un falló que lo habilitaba para ejercer cargo público.

NOTIFICADO. Según la web del Poder Judicial, el pasado 09 de noviembre, se le notificó a la casilla electrónica la resolución emitida por el Juez Rodrigo Marcial Cueva Ramirez, Juez del Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. 

Lo que indica la resolución es que se deja sin efecto la medida cautelar de fecha 04 de diciembre del 2019 que le permitía volver a ocupar cargos públicos pese a la inhabilitación que habría recibido por uno de los juicios por cometer infracción administrativa.

Pese a que la notificación se recibió hace más de 10 días, la Universidad Nacional de Tumbes no ha emitido pronunciamiento alguno. En pocas palabras, José Cruz Martínez sigue ejerciendo funciones con normalidad, como si no ocurriera nada.

CONTRALORÍA. Hechicera se comunicó con los representantes de La Contraloría General de La República en Tumbes, pero no pudimos acceder a una entrevista, dado a que aún permanecen en recopilación de información.

Según señalaron, hay un tema administrativo por corroborar, por lo que se ha solicitado la información al Poder Judicial para contar con toda la documentación respectiva. Además, precisaron que en este caso ya intervino el Órgano de Control Institucional.

MUDOS. El vicerrector de la Universidad Nacional de Tumbes, la asamblea universitaria, los congresistas de la república y el resto de entidades fiscalizadoras no se han pronunciado hasta la fecha.

A raíz de la publicación de esta resolución que dejaría inhabilitado a José Cruz Martínez, hay un clima de inestabilidad en la Universidad de Tumbes, generada por quienes rigen la casa de estudios y no han señalado las acciones que van a tomar sobre este caso.

Lo único que se sabe hasta el momento en todo este silencio, es que el OCI ha intervenido y quizá dentro de poco tengamos una acción al respecto sobre la inhabilitación del rector José Cruz Martínez. 

¿POR QUÉ LO INHABILITARON?. En el año 2019, la Contraloría General de la República confirmó la inhabilitación de nueve funcionarios de la Universidad Nacional de Tumbes que fueron sancionados a fines del 2018 por cometer infracciones en la adquisición de un terreno que estaría sobrevalorado.

Según la resolución 80-2019, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas declaró infundados los recursos de apelación que presentaron los nueve funcionarios que fueron suspendidos temporalmente e inhabilitados para el ejercicio de la función pública. 

El documento señala que con esta resolución se agota el caso en la vía administrativa. La investigación de la Contraloría reveló que hubo un perjuicio económico de S/ 1’217,895 en la compra del terreno en el año 2015. El proceso se hizo a través de un comité especial que convocó a una licitación pública.

Los funcionarios inhabilitados por cinco años son: Claudio Olaya, jefe de Administración y miembro del Comité Especial; Dante Saavedra, jefe de Abastecimiento y miembro del Comité Especial; Víctor Risco, jefe de Contabilidad; Luis Martín Mena, jefe de Tesorería; Wilmer Rosillo, jefe de Programación y Adquisiciones. 

Ellos cometieron infracciones muy graves, al incumplir sus funciones y transgredir la Ley de Contrataciones del Estado durante el proceso de compra del terreno.

También fueron sancionados con el mismo plazo de inhabilitación Cosden Oballe, jefe de Programación y Presupuesto; Diego La Rosa, jefe de Infraestructura y Mantenimiento y presidente del Comité Especial, y Dante Rodríguez, vicerrector administrativo.

Además, fue inhabilitado por tres años el entonces rector, José Cruz Martínez, a quien la Contraloría le atribuye “conducta infractora” por haber destinado los recursos asignados para el mejoramiento de dos facultades (Pesquería y Agroindustrias) y otros ambientes a la compra del referido terreno. 

Sin embargo, José Cruz Martínez interpuso una medida cautelar para dejar sin efecto su inhabilitación, por lo que demandó a los representantes de la Contraloría General de La República. Este caso llegó a manos del cuestionado juez Marcial Cueva Ramírez, conocido por sus polémicos fallos judiciales, siendo este quien le concede lo pedido por el rector y le permite librarse momentáneamente de la inhabilitación.

El procurador de la Contraloría no se quedó tranquilo e impugnó este fallo, por lo que el 03 de septiembre del 2020 se revoca el fallo de Cueva Ramírez. La polémica surge en que, desde ese momento, el cuestionado juez dilata el pronunciarse para que José Cruz Martínez quede inhabilitado, dejándolo habilitado para postular a las elecciones de la Universidad de Tumbes el 21 de octubre del 2021.

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