La Procuraduría General del Estado ha solicitado formalmente al Poder Judicial que se le reconozca como actor civil o parte agraviada en el proceso penal contra la congresista suspendida María Cordero Jon Tay. La legisladora enfrenta acusaciones por el presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho entre marzo y agosto de 2022, lo que constituiría el delito de concusión en agravio del Estado.
A través de un escrito, la defensa del Estado detalló la pretensión patrimonial en busca de una reparación civil y expuso los argumentos que sustentan su legitimidad para intervenir en este caso. En ese sentido, el juez supremo Juan Carlos Checkley ha programado una audiencia virtual para el lunes 23 de septiembre a las 10:00 a.m., en la que se evaluará la solicitud de la Procuraduría. Durante esta audiencia, se escucharán los argumentos de las partes involucradas antes de que el magistrado emita una decisión.
Si el juez acepta la incorporación de la Procuraduría como parte agraviada, ésta podrá solicitar una eventual reparación civil que María Cordero deberá pagar al Estado si es hallada culpable de las acusaciones presentadas por la Fiscalía. Cordero enfrenta una investigación preparatoria por presuntamente obligar a un trabajador de su despacho a entregarle el 50% de su sueldo durante varios meses de 2022.
La investigación preparatoria contra María Cordero fue formalizada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, luego de que el Congreso aprobará suspender a la legisladora y levantar su inmunidad parlamentaria el pasado 14 de marzo. No obstante, el Parlamento rechazó la inhabilitación por 10 años que también había sido propuesta.
El proceso, que inició el 22 de marzo, tiene un plazo de 120 días para la realización de diligencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de Cordero en este presunto acto de concusión en agravio del Estado.
