Un total de 1,289 casos que atentan a los derechos de los ciudadanos atendió la Oficina Defensorial de Tumbes desde que el Ejecutivo declaró el estado de emergencia sanitaria hasta la fecha.
De los casos atendidos, el ente encontró que 5,680 escolares tienen problemas vinculados a la falta de cobertura del servicio de internet, problemas en la señal de televisión y radio. Esto ha originado deserción estudiantil en las tres provincias.
Sin embargo, el problema es más crítica en los alumnos con discapacidad porque las instituciones no cuentan con intérpretes en lengua de señas ni suficientes equipos del Servicio de Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas Especiales (Saanee). Solo se tiene siete equipos que cuentan con 36 docentes en la región.
“Frente a esta grave situación, demandamos al Gobierno Regional que, en coordinación con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y la Dirección Regional de Educación, adopte las medidas necesarias para garantizar la conectividad a internet, especialmente en las zonas más alejadas de la región”, sostuvo el jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, Abel Chiroque Becerra.
En cuanto a la atención de la salud frente al COVID-19 en hospitales y centros de salud, las intervenciones más frecuentes estuvieron relacionadas a la implementación de los consultorios diferenciados para las madres gestantes y al abastecimiento de oxigeno medicinal e insumos para el laboratorio referencial que realiza pruebas de descarte.
Además, el abastecimiento de medicamentos para el funcionamiento de camas de la unidad de cuidados intensivos COVID-19. En ese sentido, la coordinación fue constante con la Dirección Regional de Salud (Diresa) y los hospitales del Minsa y EsSalud.
Durante los meses de junio y julio, la Oficina Defensorial de Tumbes instó a la Diresa a establecer medidas de control eficaces, a fin de evitar poner en riesgo la salud pública y asegurar la manipulación adecuada de los cuerpos de personas fallecidas con sospecha de COVID-19.
