La comentada resolución judicial que mencionaba al excandidato del MIRE, Luis Arévalo Guerrero, fue filtrada en su totalidad a los medios de comunicación. Como sabemos, desde hace unos días, de forma muy conveniente se corrió el rumor de que este fallo saldría a favor de él y por ello, salieron a mentir descaradamente a la población asegurando que ya estaban en carrera al gobierno regional.
Evidentemente, el decir que Luis Arévalo Guerrero está en carrera es una mentira porque no existe resolución de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, los integrantes del MIRE dijeron que de todas maneras regresaría la contienda pese a que incluso la cédula de sufragio ya fue impresa.
Ahora bien, la resolución 01 del 16 de septiembre perteneciente al expediente 00339-2022-87-2601-JR-CI-01 del Juzgado Civil Permanente que preside el juez Rodrigo Marcial Cueva Ramírez, resuelve: declarar procedente la solicitud de medida cautelar de innovar
peticionada por el ciudadano Luis Constantino Arevalo Guerrero
y María Mercedes Allain García.
Además, ordena la suspensión temporal de la resolución 00453-2022-jeetumb/jne, de fecha 1 de septiembre del 2022, hasta el resultado en definitiva del proceso principal. Ordena que la resolución 00214-2022-jee-tumb/jne, de fecha 11 de julio del 2022, recobre la vigencia con todos los efectos legales, para que el recurrente pueda participar en las elecciones regionales y municipales del año 2022 conforme al cronograma electoral aprobado por resolución n° 0932-2021-jne.
MIRE VENDE HUMO, ARÉVALO NO SERÁ CANDIDATO. Como medio cumplimos en advertir que, pese a este fallo cuestionado, el JEE de Tumbes lo declararía inejecutable debido a que ya están fuera de plazo, tal y como ha ocurrido con otros candidatos regionales y municipales a nivel nacional.
Las cédulas de sufragio están impresas y no se puede retrotraer este proceso, además el Jurado Electoral Especial podría incluso observar dos errores de derecho que ha cometido el juez Rodrigo Marcial Cueva Ramírez.
El primero es que el fundamento esencial de la resolución es que la base de información es pública, pero esto es un error porque interpreta que las declaraciones de impuesto a la renta son de acceso público, cuando esto no es así ya que estas están amparadas por la reserva tributaria.
Otro error es que aducen que el retornar a Luis Arévalo a la contienda no afectaría el proceso de elecciones, lo cual es falso ya que están fuera de plazo y no hay forma de que sea incluido.
UNA COIMERA, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS TAMBIÉN FUERON BENEFICIADOS POR EL CUESTIONADO JUEZ. Rodrigo Marcial Cueva Ramírez, es un cuestionado juez debido a sus singulares resoluciones. Por ejemplo, en el año 2017 una trabajadora judicial fue intervenida con una coima de 3 mil soles, se salvó de la cárcel, pero fue inhabilitada por 10 años, pena que luego fue reducida.
Iris Consuelo Morán Pant prestaba servicios como técnico judicial en el juzgado de Rodrigo Marcial Cueva Ramírez, ella pese a que acababa de ser condenada a tres años y nueve meses de prisión suspendida y al pago de 15 mil soles de reparación civil por el delito de Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Tráfico de Influencias, logró salvarse de ir a prisión, pero quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un lapso de diez años.
Mientras tanto según declaraciones del jefe de la Odecma Tumbes, el juez Rodrigo Marcial Cueva Ramírez afrontó una investigación en reserva.
La litigante que hizo la denuncia, señaló que un caso por litigio de propiedad venía siendo sospechosamente dilatado en dicho juzgado.
En el año 2019, Rodrigo Marcial Cueva Ramírez emitió una medida cautelar a favor de 3 empresas contratistas: Icsa construcciones, Icsa hermanos y Octalier, inhabilitados por el OSCE, por presentar documentación falsa y así pudieron seguir contratando con el Estado.
Otro de los recurrió este cuestionado juez fue el fundador del MIRE, y actual rector de la UNT, José de la Rosa Cruz Martínez. El juez Cueva Ramírez le otorgó una medida cautelar a su favor contra la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República a 5 cinco años para ejercer cargo público y contratar con el Estado. Con esta medida cautelar el actual rector pudo seguir laborando en la UNT y postular el año pasado a su reelección.
