Al gobernador Segismundo Cruces no le importa esta situación y lo mantiene en el cargo
La sombra de la corrupción parece haberse instalado en el Gobierno Regional (Gore) de Tumbes, y su epicentro sería Lenin Harold Ávila Silva, actual Gerente de Infraestructura. Este funcionario, lejos de ser un ejemplo de transparencia y eficiencia, se ha convertido en el rostro visible de un entramado de irregularidades que han afectado gravemente al Estado y a la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
Ávila enfrenta un verdadero «rosario» de investigaciones en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Según información exclusiva a la que accedió el diario digital “Tumbes de Miércoles”, el Ministerio Público ha abierto seis investigaciones contra él, algunas ya en etapa de acusación fiscal, mientras que otras han avanzado a juicio oral en el Poder Judicial. Es evidente que su gestión ha estado plagada de decisiones que no solo ponen en duda su capacidad administrativa, sino también su integridad como servidor público.
La gravedad de los cargos que pesan sobre Ávila no puede subestimarse. Estos incluyen presuntos delitos de colusión, peculado, y negociación incompatible, delitos que, de ser probados, lo señalarían como uno de los principales responsables de actos que han causado un daño profundo a las arcas del Estado. Las entidades agraviadas en estos casos son el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, y el propio Gore Tumbes, entre otros.
Caso de la Tucilla. Uno de los casos más emblemáticos y condenables es el de la reparación de la laguna de tratamiento de aguas residuales en la Tucilla, Zorritos. Esta obra, realizada en 2021 bajo la administración del exalcalde Jesús Luna Ordinola, ha revelado el modus operandi de una presunta red de corrupción que, bajo la dirección de Ávila, operó con total impunidad. Ávila está siendo investigado por delitos como concusión (colusión simple), negociación incompatible, uso de documentos falsificados y otros actos que configuran un escandaloso abuso de poder.
Lo más indignante de este caso es la forma en que se tramitaron pagos con firmas de personal que nunca participó en la ejecución de la obra. Según un informe de la Contraloría, se detectó que el residente de obra, cuyo nombre y firma aparecían en documentos clave como actas de entrega de terreno y valorizaciones, en realidad estaba trabajando en una obra en Trujillo en paralelo. Esta burda manipulación de documentos no fue advertida por las instancias de supervisión, lo que permitió que se procesaran pagos ilegales por un monto de S/23,010.
Aún más escandaloso es el hecho de que el mismo profesional negó haber sido residente en la obra de la Tucilla, afirmando que no entregó su currículum vitae ni firmó los documentos en cuestión. Esta situación, en cualquier sistema donde la justicia funcione adecuadamente, debería haber llevado a sanciones inmediatas. Sin embargo, la supervisión y la Gerencia de Infraestructura, encabezada por Ávila, no solo no advirtieron el fraude, sino que procesaron los pagos, generando un perjuicio total al Estado de S/36,462.
El caso de la Tucilla está actualmente en manos de la Fiscal Roxana Tentalean Garay y se encuentra en etapa de control de acusación, pero la pregunta que todos en Tumbes se hacen es: ¿cuánto más daño debe causar Ávila antes de que sea apartado de su cargo?
Los intocables. El entorno de Ávila no está exento de responsabilidad. Entre los investigados figuran varios funcionarios de alto nivel, incluyendo a Víctor Enrique Jaime Arrieta (Subgerente de Infraestructura), Grethy Madaleine Zapata Espinoza, Manuel Christophe Balladares Correa, Jorge Edward Rodríguez Carmelo (Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial), Simón Mantilla Villar (Exgerente Municipal), Luis Alberto Torres Gallardo y Francisco Javier Gonzales Morales. Estos nombres no solo representan a individuos, sino a una red que, bajo la dirección de Ávila, ha contribuido a perpetuar un presunto sistema de corrupción que ha asfixiado a la región de Tumbes.
Procesado. Lenin Ávila se ha convertido en el funcionario con más carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público en Tumbes. Los siete juicios en su contra por presuntos delitos de colusión y peculado, así como las cinco investigaciones adicionales que están en etapa de control de acusación, deberían ser suficiente para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Uno de los casos más graves en su historial es la construcción de la carretera Zarumilla – El Bendito, una obra plagada de irregularidades que están siendo investigadas por la Fiscal Sandra Paola López Padilla.
