En setiembre del 2012, José De la Rosa Cruz Martínez asumió por primera vez el rectorado de la Universidad Nacional de Tumbes en reemplazó de Napoleón Puño Lecarnaqué, su gestión estuvo llena de polémicas, denuncias de abuso de autoridad, desacato a la nueva ley universitaria, inhabilitación para ejercer el cargo, denuncias por presunta corrupción y hasta un posterior pedido de cárcel en su contra.
Hoy juramentará a las 10:00 am para un segundo periodo como rector, luego de unas elecciones que también que también han sido quejados por aparentes irregularidades. Hagamos un repaso de los cuestionamientos e investigaciones más resaltantes que empañaron la imagen de la Universidad de Tumbes en manos de José Cruz Martínez.
ESTUVO A PUNTO DE IR A LA CÁRCEL. En julio del 2016, el fiscal Jonathan Rivas Céspedes, que estaba a cargo de la investigación del caso de la presunta compra sobrevalorada del terreno para el centro de idiomas de la UNT, solicitó 12 meses de prisión preventiva para los imputados, José de la Cruz Martínez (rector UNT), Dante Enrique Rodríguez Ruiz (exvicerrector), Diego Orlado la Rosa Boggio (exjefe de la oficina de infraestructura y mantenimiento), Claudio Playa Olaya (exjefe de Administración), Dante Denis Saavedra Benites (exjefe de Abastecimiento), Luis Alberto Chávez Roncal (exjefe unidad formuladora), José Lizandro Serrano Morán (contratista), y para el perito, Raúl Alberto Luperdi Castañeda.
Sin embargo, el juez Jaime Elías, sólo dictó la medida de prisión preventiva para este último, argumentando que el resto de investigados tiene arraigo familiar en Tumbes, pese a admitir que existen elementos de convicción y la pena a la que podrían ser sentenciados supera los 4 años de cárcel.
José Cruz Martínez, se salvó de la cárcel pese a las serias acusaciones en su contra, el magistrado solo le ordenó el pago de 26 mil soles.
El juez dispuso que cada uno firme un cuaderno todos los meses, prohibió que cambien de domicilio sin autorización del Juzgado, y también restringió su salida de la región, además de no concurrir a lugares de dudosa reputación.
El juez Elías Lequernaqué determinó en su resolución que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito de colusión en agravio de la Universidad Nacional de Tumbes. Indicó que existió concertación entre la UNT y el comprador del terreno en desmedro de la entidad universitaria del Estado.
El terreno fue adquirido a 2 millones 440 mil soles, sin embargo según la tasación realizada por el perito de la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), determinó que el terreno adquirido por la UNT a Serrano Morán asciende sólo a un millón 222 mil 143. 91 soles.
Por tal motivo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluyó que se ocasionó un perjuicio económico a la universidad de 1 millón 217 mil 895. 09 soles.
Es preciso indicar que la Contraloría General de la República realizó un informe sobre el proceso de compra del terreno donde actualmente funciona el Centro de Idiomas de la UNT, este informe fue elevado al Ministerio Público El máximo órgano de control también concluye en que se ocasionó un perjuicio económico al Estado de más de un millón de soles, en esta compra.
ESTUVO INHABILITADO. La Contraloría General de la República confirmó en mayo del 2019, la inhabilitación de nueve funcionarios de la Universidad Nacional de Tumbes que fueron sancionados a fines del 2018 por cometer infracciones en la adquisición de un terreno que estaría sobrevalorado, aquí estaba incluido el electo rector José Cruz Martínez.
Según la resolución 80-2019, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas declaró infundados los recursos de apelación que presentaron los nueve funcionarios que fueron suspendidos temporalmente e inhabilitados para el ejercicio de la función pública.
El documento señala que con esta resolución se agota el caso en la vía administrativa. La investigación de la Contraloría reveló que hubo un perjuicio económico de S/ 1’217,895 en la compra del terreno en el año 2015. El proceso se hizo a través de un comité especial que convocó a una licitación pública.
Los funcionarios fueron en ese momento inhabilitados por cinco años son: Claudio Olaya, jefe de Administración y miembro del Comité Especial; Dante Saavedra, jefe de Abastecimiento y miembro del Comité Especial; Víctor Risco, jefe de Contabilidad; Luis Martín Mena, jefe de Tesorería; Wilmer Rosillo, jefe de Programación y Adquisiciones.
Ellos cometieron infracciones muy graves, al incumplir sus funciones y trasgredir la Ley de Contrataciones del Estado durante el proceso de compra del terreno.
También fueron sancionados con el mismo plazo de inhabilitación Cosden Oballe, jefe de Programación y Presupuesto; Diego La Rosa, jefe de Infraestructura y Mantenimiento y presidente del Comité Especial, y Dante Rodríguez, vicerrector administrativo.
Además, fue inhabilitado por tres años el entonces rector, José Cruz Martínez, a quien la Contraloría le atribuye “conducta infractora” por haber destinado los recursos asignados para el mejoramiento de dos facultades (Pesquería y Agroindustrias) y otros ambientes a la compra del referido terreno.
Este trámite de modificación presupuestaria, de acuerdo con la resolución, se realizó “sin haberse sustentado ni justificado”, con lo cual incumplió su deber de administrar de forma cautelosa los recursos públicos en la UNTumbes.
El terreno adquirido se ubica frente al Hospital Regional JAMO II-1, y supuestamente iba destinado al “mejoramiento y ampliación del servicio educativo del centro de Informática, Telecomunicaciones y Centro de Idiomas”.
El predio tiene un área de 942.10 m2 y su compra fue aprobada por S/ 2’440,039 cuando, según un informe técnico del Ministerio de Vivienda, estaba tasado en S/ 1’222,143.
DESACATÓ LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA. En agosto del 2016, la Comisión de Procesos Administrativos de la Universidad Nacional de Tumbes destituyó del cargo de catedrático a José Cruz Martínez, por usurpar funciones y no adecuarse en su debido momento a la nueva ley universitaria. La sanción administrativa fue ratificada por el que asumió en aquel entonces como rector interino, el catedrático Gino Moretti Otoya.
Dicha Comisión tomó la decisión contra Cruz Martínez basándose en los informes de investigación de la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el Ministerio Público y de la misma UNT. Los mencionados entes concluyeron la usurpación de funciones y la no adecuación a la nueva ley universitaria.MUCHO OJO. Se espera que para este nuevo periodo se fiscalice adecuadamente los recursos de la Universidad Nacional de Tumbes debido a los antecedentes que muestra el recién juramentado rector, José Cruz Martínez. Fiscalía de Prevención del Delito, Congreso de La República y la Contraloría deben poner mucho ojo a la principal cada de estudios de la región, más aún cuando estamos a puertas de una campaña política donde el movimiento regional del actual rector (MIRE), participará con sus candidatos y según algunos comentarios podrían aprovechar la cercanía con Cruz Martínez para conseguir un presunto financiamiento. Estaremos atentos.
