Este año, varios ya han fallecido luego de suplicar atención
Un escándalo de proporciones mayúsculas ha sacudido al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 (JAMO), luego de que la Contraloría General de la República revelara que esta institución ha suspendido por completo el servicio de hemodiálisis para pacientes críticos, dejando a su suerte a personas cuya vida depende de este tratamiento. La falta de atención no solo es una muestra de negligencia, sino un acto de omisión que está condenando a muerte a los pacientes con insuficiencia renal.
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N° 005-2025-OCI/6010-SOO, emitido el 7 de marzo de 2025 tras una inspección realizada entre el 3 y 4 de marzo, el hospital no cuenta con el equipo necesario para realizar hemodiálisis a pacientes en estado crítico, pese a que existe un presupuesto aprobado para ello. El descaro y la irresponsabilidad de las autoridades hospitalarias han llevado al extremo de permitir que los proveedores retiren los equipos debido a falta de pago, dejando a los enfermos en un estado de total abandono.
PACIENTES AL BORDE DE LA MUERTE POR FALTA DE HEMODIÁLISIS. La gravedad del asunto quedó expuesta con el caso de una menor de tan solo 13 años, identificada con las iniciales A.P.P., quien se encontraba en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y no recibió la sesión de hemodiálisis que necesitaba desesperadamente. Sus familiares, angustiados, denunciaron que el hospital simplemente no estaba brindando el servicio, poniendo en grave peligro la vida de la menor.
El informe de Contraloría no deja dudas: el hospital está fallando en su deber de garantizar una atención médica adecuada y está dejando morir a sus pacientes renales. Hasta el 15 de febrero de 2025, ya se habían reportado 31 pacientes en estado crítico que requerían hemodiálisis urgente, sin embargo, todos ellos han sido abandonados a su suerte por la incompetencia de las autoridades hospitalarias.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? PRESUPUESTO HAY, PERO EL SERVICIO NO EXISTE. Lo más escandaloso es que, según la inspección, el hospital tiene asignado un presupuesto de S/ 493,600 para la contratación del servicio de hemodiálisis, pero el área de emergencias y cuidados críticos no ha tramitado la solicitud de adquisición, lo que significa que el dinero existe, pero la negligencia administrativa ha impedido que los pacientes reciban la atención que necesitan para sobrevivir.
Como si fuera poco, las pocas máquinas de hemodiálisis que había fueron retiradas por el proveedor debido a deudas impagas. Durante la inspección realizada por la Contraloría, se constató que el área destinada para este tratamiento estaba completamente vacía.
Las evidencias son abrumadoras: la sala de hemodiálisis estaba cerrada y sin equipos, no había ninguna máquina de hemodiálisis en UCI. El equipo de osmosis fue retirado a otro ambiente y no estaba operativo.
Esta es una muestra clara de una gestión irresponsable e indolente que no solo viola las normas de salud pública, sino que está jugando con la vida de las personas más vulnerables.
UNA ADMINISTRACIÓN CRIMINAL. En una muestra de cinismo e incompetencia, la administración del Hospital Regional JAMO II-2, dirigido por Raúl Rivera Clavo, no ha dado ninguna explicación clara sobre esta catástrofe sanitaria. La Contraloría ha solicitado que el hospital informe en un plazo de cinco días hábiles sobre las acciones correctivas para restablecer el servicio, pero la realidad es que decenas de pacientes siguen en peligro mortal mientras la burocracia se arrastra sin tomar medidas inmediatas.
El informe de la Contraloría deja en claro que los más perjudicados por esta situación son los pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS), quienes no tienen otra opción para recibir su tratamiento. La ley es clara al establecer que toda persona tiene derecho a recibir atención médica oportuna y de calidad, pero en el Hospital Regional de Tumbes, ese derecho ha sido pisoteado sin piedad.
Este escándalo no puede quedar impune. Las vidas de decenas de pacientes renales dependen de un servicio que el hospital ha decidido ignorar, por lo que es urgente que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo actúen de inmediato para investigar este crimen de negligencia médica.
Mientras tanto, cada día que pasa sin hemodiálisis es una sentencia de muerte para los pacientes. Tumbes no puede seguir permitiendo que su sistema de salud esté en manos de funcionarios incapaces, negligentes y carentes de humanidad.
