EXISTEN RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA
Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Tumbes (DIRESA) ha revelado tres situaciones adversas críticas que comprometen la calidad de los servicios de salud en la región. Estas irregularidades afectan la distribución, custodia y recepción de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, exponiendo a la población a riesgos significativos y limitando el acceso oportuno a medicamentos esenciales.
USO DE VEHÍCULOS INADECUADOS PARA EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS. La primera situación adversa identificada corresponde al uso de vehículos inadecuados para el transporte de medicamentos y dispositivos médicos. Actualmente, estos productos se trasladan en camionetas abiertas proporcionadas por la DIRESA, incumpliendo los estándares establecidos por el Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte del Ministerio de Salud. Este tipo de transporte no protege los productos de factores climáticos como el calor, la humedad o la lluvia, comprometiendo su calidad, eficacia y seguridad. Además, estas unidades no cuentan con mecanismos de seguridad para prevenir el robo o manipulación indebida durante el traslado. Según la directora ejecutiva de Medicamentos, Gladys Urcia Segura, la falta de presupuesto para contratar servicios especializados obligó a depender de estos vehículos, lo que también ha generado retrasos en las entregas debido a problemas operativos, como la espera para cargar combustible. Estas prácticas no solo violan normas nacionales e internacionales, sino que también exponen a los pacientes a tratamientos de calidad cuestionable.
DESABASTECIMIENTO CRÓNICO EN MÚLTIPLES CENTROS DE SALUD. La segunda situación adversa expone un desabastecimiento crónico en múltiples centros de salud de la región, como Zarumilla, Aguas Verdes, Pampa Grande, Corrales, Andrés Araujo Morán, Pampas de Hospital, Cabuyal y Garbanzal. En algunos casos, medicamentos esenciales como mascarillas de oxígeno pediátricas, amoxicilina y vendas elásticas han estado agotados durante más de 230 días. Este desabastecimiento afecta gravemente la calidad y oportunidad de las atenciones médicas, dejando a los pacientes sin acceso a tratamientos vitales. En Zarumilla, por ejemplo, el desabastecimiento ha alcanzado periodos de hasta 230 días, mientras que en Aguas Verdes productos como jeringas y azitromicina han estado fuera de stock por 239 días. En Corrales, la falta de creatinina enzimática afectó la atención médica durante al menos 18 días. Aunque los responsables de farmacia han informado de manera oportuna sobre los faltantes a la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, las respuestas han sido insuficientes, perpetuando esta crisis.
DEFICIENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS. La tercera situación adversa detecta deficiencias en la recepción de medicamentos y dispositivos médicos en centros de salud como Aguas Verdes, Corrales y Pampas de Hospital. Estas deficiencias incluyen condiciones inadecuadas de almacenamiento inicial, lo que pone en riesgo la conservación adecuada de los productos. Asimismo, se detectaron demoras en el registro de información en el Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos (SISMED), generando inconsistencias en el control de inventarios y dificultando la planificación y distribución. Estas fallas podrían comprometer la seguridad, calidad y cantidad de los productos disponibles, exacerbando las carencias del sistema de salud.
Las irregularidades descritas representan un incumplimiento grave de las normativas vigentes y las responsabilidades administrativas de los gestores de la DIRESA. Además, exponen a los pacientes a riesgos innecesarios y violan sus derechos a recibir atención médica oportuna y de calidad. La Contraloría ha instado a la Dirección Regional de Salud de Tumbes a implementar medidas correctivas inmediatas, incluyendo la contratación de transporte especializado, una reorganización integral del sistema logístico y un control riguroso del inventario.
El panorama en Tumbes exige acciones inmediatas para salvaguardar la salud pública. Las irregularidades detectadas no solo afectan la calidad de los servicios, sino que también amenazan la vida de los pacientes más vulnerables, quienes dependen de un sistema que actualmente no responde a sus necesidades más básicas.
