La Contraloría General de la República ha detectado serias irregularidades en la ejecución de la obra “Ampliación del servicio de provisión de agua para riego, sector La Tuna, distrito de Tumbes”, situación que fue puesta en conocimiento del Ministerio Público por la congresista Magally Santisteban Suclupe.
Según el informe de la Contraloría, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT) aprobó la contratación directa para la ejecución de la obra, invocando una situación de emergencia tras las intensas lluvias que afectaron el 70% de la infraestructura de riego y perjudicaron más de 15 mil hectáreas agrícolas. Sin embargo, la Contraloría advierte que no se cumplieron todos los requisitos legales para justificar esta modalidad de contratación, ni se respetaron las formalidades exigidas por la ley, lo que podría afectar la finalidad pública de la obra y perjudicar a la población beneficiaria.
El proyecto fue registrado como inversión en junio de 2023, actualizado presupuestalmente en 2024 y convocado a licitación pública, proceso que luego fue declarado nulo. Tras la declaratoria de emergencia en marzo de 2025, se recurrió a la contratación directa, pero la Contraloría cuestiona la falta de inmediatez y la ausencia de justificación sobre si lo contratado era estrictamente necesario. Además, la obra fue suspendida apenas dos días después de iniciada, debido a cortes programados de agua, lo que refuerza las dudas sobre la urgencia invocada.
Ante estos hechos, la congresista Magally Santisteban realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público. En respuesta, la Fiscalía informó que ya se ha aperturado la carpeta fiscal N° 3506015500-2025-115-0, a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, para investigar las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.
La población de Tumbes exige que las autoridades actúen con transparencia y sancionen a los responsables, mientras la investigación fiscal avanza para esclarecer los hechos y proteger los intereses públicos en la región.
