El Hospital Regional de Tumbes (HRT), el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), la Dirección Regional de Salud (Diresa), las municipalidades de Zarumillas y Aguas Verdes, entre otras, serán las entidades públicas donde se realizarán varios servicios de control posterior en el Mega Operativo de Control Regional.

Esta estrategia anticorrupción, la Contraloría General de la República ejecutará más de 350 intervenciones de control e integridad, de las cuales cerca de 60 corresponden a control posterior, en donde equipos de auditoría podrán evidenciar e identificar responsabilidad ante situaciones de inconducta funcional y de corrupción en el uso de recursos públicos.

El contralor general, Nelson Shack Yalta, anunció que ya se ha acreditado un control posterior en la modalidad de auditoría de cumplimiento al procedimiento de selección, contratación y ejecución de la obra para la construcción de una losa de concreto, en el 2018-2020, por más de S/ 795,000 en el HRT, por la presunta inaplicación de penalidades, entre otras presuntas irregularidades.

En este mismo nosocomio, el funcionario refirió que se realiza un control posterior a las retenciones por aportaciones de los trabajadores a las AFP, las cuales no fueron pagadas, cuyo monto de perjuicio superaría los S/ 700,000.

Asimismo, señaló que la Contraloría viene realizando un control posterior al procedimiento de selección y suscripción del contrato para la obra de defensa ribereña de la margen izquierda del río Zarumilla, a cargo del PEBPT, con una inversión de más de S/ 60’000,000. Precisó que la entidad fiscalizadora efectúa además el control concurrente a la actual ejecución de la obra.

De otro lado, adelantó que la ejecución de un control posterior por el presunto otorgamiento irregular de remuneraciones y bonificaciones al titular y otros funcionarios de la Diresa de Tumbes, en el cual se estima un perjuicio económico por más de S/ 87,000.

En otro momento, informó que la Contraloría interviene en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, mediante un servicio de control posterior, a la elaboración de expedientes técnicos y servicios diversos para obras de infraestructura que no se habrían ejecutado (2016-2018), y cuyo perjuicio superaría el medio millón de soles.

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