La gestión de José Alemán Infante enfrenta duros cuestionamientos pero además hay situaciones que ponen en tela de juicio la transparencia, sobre todo de los procesos de adjudicación de obras o servicios de mantenimiento, en los que se presume un aparente direccionamiento.
En el presente informe detallaremos cómo en la dirección regional de transportes y comunicaciones se buscaría vulnerar la ley de contrataciones del Estado para favorecer presuntamente a una empresa contratista.
A nuestra sala de redacción llegó documentación correspondiente al concurso público 001-2022 de la Dirección Regional de Transportes de Tumbes para el Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental no pavimentada, tramo Teniente Astete – Capitán Hoyle del distrito de San Jacinto.
Según se indica en la Carta 021-2022 enviada por la empresa LEBRINSA SAC, en las bases administrativas del proceso de selección persiste la vulneración de normas de contratación pública, al incluir exigencias desproporcionadas e información no clara para los participantes del proceso.
Líneas más abajo, precisa que el comité de selección no acogió las observaciones ni esclareció consultas formuladas, estos absolvieron los cuestionamientos con argumentos generales, sin fundamentar sus respuestas, por lo que ha vulnerado el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Este documento fue enviado a la entidad por la Mesa de Partes Virtual de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones el 25 de marzo a las 03:57, tal como consta en el cargo de recepción, además ese mismo día se envió al correo electrónico que aparece en las bases (dicho sea de paso estaba mal escrito) y al correo que posteriormente apareció en las bases integradas. (estrada883@hotmail.com, fcarlos@transportestumbes.gob.pe).
Al día siguiente, se le pone en conocimiento al Director Regional de Transportes y Comunicaciones mediante un documento notarial que se ha remitido digitalmente la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones del proceso de selección.
¿Qué tenía que hacer el comité evaluador?, pues elevar las observaciones al OSCE para que sea la entidad la que precise la veracidad de las mismas, dejando detenido el proceso con el fin de garantizar la transparencia y que no se vulnere la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, el comité continuó con el proceso y no cumplió con lo que manda la norma por lo que se puede presumir que se pretende beneficiar a una empresa contratista para que gane el concurso público.
El comité de selección está conformado por Nick Joan Zarate Espinoza como presidente, Yony Farfán Estrada y Jorge Luis Dávila Pazos como miembros titulares. Ellos habrían guardado un silencio cómplice desconociendo los documentos por varios días, esto se corrobora en el portal del OSCE.
Ante esta situación irregular, los denunciantes elevaron su queja al OSCE el 01 de marzo y a la Contraloría, el 04 de marzo. Pese a estas alertas no se habían tomado ningún tipo de acciones por parte de la Dirección Regional de Transportes.
Hechicera buscó al director Carlos Farfán Mariñas para que se pronuncie al respecto pero al solicitar la entrevista, el personal de secretaría nos indicó que el titular de la Dirección Regional de Transportes no nos atendería porque no teníamos cita previa.
Ingresamos al área de logística donde encontramos a uno de los miembros del comité evaluador Yony Farfán Estrada, quien sorprendido por nuestra visita, nos dio un breve pronunciamiento al respecto.
“Se va a emitir un pronunciamiento para declararlo de nulidad de oficio, también se va a notificar al OSCE. Este tema lo tiene ya el asesor legal, quien está viendo los pormenores de ello para tomar acciones”, indicó.
Farfán Estrada aseguró que el proceso no continuaría, por lo que asumimos que no se daría la buena pro hasta que se resuelvan estas observaciones a las bases. Según explicó, se colgaría el sistema la decisión del comité.
Resulta extraño que se haya dilatado este asunto cuando debió detenerse el proceso hace mucho, teniendo en cuenta que en la actualidad varios funcionarios han terminado con serias denuncias por otorgar la buena pro a contratistas vulnerando las normas del Estado.
El director regional de transportes Carlos Farfán Mariñas y el comité evaluador tienen la última palabra en este caso para que puedan evitarse una posible denuncia penal.
