Al parecer, aprovechando que la campaña política mantiene a la población entretenida, mientras la contienda electoral atrapa todas las miradas, en el entorno de la gestión «con rostro humano» del gobernador regional, José Antonio Alemania Infante se llevaba a cabo otro proceso de adjudicación de plazas bajo serios cuestionamientos, esta vez en el interior de la Dirección Regional de Educación.
Esta vez, según la denuncia ciudadana que llega a nuestra sala de relación se trata de 3 plazas que al parecer fueron entregadas obviando algunos parámetros para ello como las de tesorería, abastecimiento y administración, dónde todo parece indicar que habrían vulnerado la ley de transparencia y la meritocracia que manda la ley.
Mientras tanto, el comité evaluador conformado por Gabriel Guerra Peña, director de OPE, Fanny Ruiz Agurto representante del sindicato, Milagros Alvarez Zapata administradora y Carlos Perez Cubas DGI y quien sería sobrino del gerente general del gobierno regional de Tumbes, habrían otorgado las plazas a sus conocidos.
En ese sentido, luego del cuestionado concurso realizado en la DRET, fueron entregadas las plazas en tesorería a favor de Eddy Castillo López, en el puesto de jefe de abastecimiento a Marco Antonio Garrido Palomino y como técnico administrativo a Reyner Seminario Farias.
Aparentemente, dichas plazas serían entregadas de manera ilícita a gente que seria de su entorno y sin respetar que vienen siendo ocupadas por profesionales que anteriormente ganaron por concurso público.
Pero si pensaron que la historia terminaba ahí, aún quedan otros detalles más por mencionar, dónde de acuerdo al reglamento para la plaza de jefe de abastecimiento se pide la certificación del OSCE, pero al que le han entregado el puesto no tendría dicho requisito obligatorio, según la ley de contrataciones del Estado.
Mientras que por otro lado, para mencionar otro pequeño detallito qué se pasa por alto, tal parece que el comité no habría hecho público las bases para el concurso y mucho menos invitado a los representantes de la Contraloría General de la República, así como tampoco al Consejo Regional de Tumbes.
