En el presupuesto inicial de apertura (PIA) del gobierno regional de Tumbes para este año 2022, llegó consignado como demanda adicional solicitada en la sustentación de dicho presupuesto, el pasado julio del 2021, la suma de un millón 200 mil soles para los respectivos mantenimientos de los 42 centros de salud que cuenta la región Tumbes a cargo de la dirección regional de salud, a través de la fuente de financiamiento de canon y sobrecanon.
Sin embargo, la gestión de rostro humano liderada de manera accidental por el médico José Alemán Infante, el pasado 19 de mayo de 2022 firma la resolución ejecutiva regional N°154-2022 donde en el artículo 1 “ Autoriza la modificación presupuestaria de Tipo 4 en el Nivel Funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 461 : Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, para el año Fiscal 2022, para Ejecución del Gasto a Nivel de Pliego Regional y Propuesta de modificación Presupuestal en el Nivel Funcional Pragmático por el monto S/ 1 ’200,000.00 (un millón, Doscientos Mil Con 00/l00 Soles)”, que viene derivado de la dirección regional de salud hacia la sede central.
La presente resolución cuenta con la aprobación y vistos de las siguientes áreas: Sub-Gerencia de Presupuesto, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia General Regional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría General Regional del Pliego.
La denuncia presentada por una ciudadana de la provincia de Zarumilla indica que dicho dinero ya se habría gastado en la sede central en otros tipos de servicios; la denuncia ha sido presentada ante la fiscalía y Procuraduría del gobierno regional de Tumbes.
Lamentablemente este año los centros de salud no tendrán el mantenimiento en su infraestructura, sabiendo que estas instalaciones tienen muchas carencias, se ha dado prioridad a otros temas que no es la salud.
¿Que es la malversación de fondos?
El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
El tema es delicado, tenemos entendido de manera extraoficial que el ministerio de economía y finanzas estaría también realizando las denuncias ante la Contraloría general de la república.
