La Defensoría del Pueblo advirtió que, en dos supervisiones realizadas en el último trimestre del 2019 y a inicios de la pandemia en las entidades públicas, no se ha tomado en cuenta la condición de discapacidad para el servicio educativo, de salud y sobre todo para el reparto de víveres por parte de los Gobiernos Locales.

“La condición de discapacidad no ha sido un criterio de priorización para la entrega de las Canastas Básicas Familiares, esto se debe a la falta de uniformidad en las bases de datos de personas con discapacidad, urge tener un registro actualizado de asociaciones y de personas con discapacidad de la región y no descuidarlos durante el estado de emergencia”, sostuvo el jefe de la Oficina Defensorial, Abel Chiroque Becerra.

En el 2019, el ente determinó que los gobiernos locales no asignan los recursos (económicos y humanos) para las necesidades de este grupo vulnerable y no cumplieron con asignar el 0,5% de su presupuesto al funcionamiento de sus oficinas municipales para las personas con discapacidad (Omaped), ni para la mejora de la accesibilidad en la infraestructura urbana respectivamente.

Por su parte, las asociaciones de personas con discapacidad resaltan la falta de comunicación con los representantes de las Omaped, lo que da cuenta de la ausencia de una gestión con enfoque de discapacidad.

En Salud se advirtió que el mayor número de personas con discapacidad que tiene un seguro de salud se encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), con un porcentaje de afiliación en la zona rural del 72,9%, mientras que en la zona urbana es mayor la afiliación a EsSalud con un 23,7%. Hay 2993 personas sin seguro de salud, lo que debe llamar la atención, pues ello implica que los costos de atención que se requieren deben ser asumidos directamente por las personas con discapacidad o sus familiares.

De acuerdo al INEI, en Tumbes un total de 17 979 personas con discapacidad se encuentran dentro de la población en edad de trabajar (PET), es decir, tienen de 14 años a más, pero solo 6275 tenían un empleo. Asimismo, solo 552 personas acceden al programa de Pensión no Contributiva Contigo, para personas con discapacidad severa en situación de pobreza, a pesar que a fines del 2018 se identificó a 1,254 potenciales beneficiarios.

En relación con el acceso a la educación, de acuerdo a la información obtenida en los Censos Nacionales 2017, el porcentaje de mujeres con discapacidad en condición de analfabetismo es mayor que el de hombres se tiene un total de 51,2%, en comparación con el 48,8% y, a la vez, mayor que el de mujeres sin discapacidad en un total de 51,2% en comparación con 49,8%.

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