Se instaló la audiencia de juicio oral contra Marco Antonio Córdova Rivera, Jorge Villegas Angeldonis y Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, estos últimos representantes de la empresa A&J, por el presunto delito de organización criminal en calidad de coautores y por el Delito de colusión agravada.
El caso es con respecto a la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema de agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen del Departamento de Tumbes”. por este hecho Gerardo Fidel Viñas Dioses, Daniel Castañeda Serrano y Juan Carlos Quinde Riojas, fueron condenados por el delito de colusión agravada en agravio del Estado, a once años de pena privativa de la libertad para el primero y diez años de la misma pena a los restantes.
Pues luego de llegar a un arbitraje extrajudicial se fijaron acuerdos colusorios que perjudicaron al Estado, como el pago de la suma de S/ 3´300,000.00; así como la devolución de las cartas fianzas, que fue solicitado por Jorge Villegas Angeldonis y Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, dejando desprotegido al Estado, demostrando plenamente el dolo con el que actuaron.
HECHOS. A los funcionarios aludidos se les investiga por haber consentido una irregular liquidación final de obra a la empresa contratista A&J Inversiones SAC, por un monto de un millón 889 mil 511.51 nuevos soles.
La referida empresa ejecutó entre el 2009 y 2010 (durante la gestión del expresidente regional Wilmer Dios) la obra de «Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y drenaje pluvial de las calles del barrio San José», por un monto de 9 millones 117 mil 882,60 nuevos soles. A su culminación, A&J Inversiones SAC presentó su liquidación final de obra por la suma de un millón 889 mil 511.51 nuevos soles.
No obstante, los funcionarios de aquel entonces advirtieron que la contratista no habría cumplido con cierta normatividad en la ejecución de adicionales de obra, estableciendo que la liquidación sólo ascendía a 7 mil 88.05 nuevos soles. Ante ello se generó una controversia que llevó a un arbitraje.
Sin embargo, ya en la gestión del presidente regional Viñas Dioses, los asesores legales Córdova Rivera y Castañeda Serrano, emitieron informes legales dando por sentado el consentimiento de la liquidación de obra por el monto exigido por A&J Inversiones SAC.
Después todo fue papeleo. Guilmer Córdova Paker, en ese entonces gerente de Infraestructura, emitió una resolución autorizando a la oficina de Administración cancele el pago y este se efectúo sin reparos.
Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los involucrados concertaron para favorecer a la empresa A&J Inversiones SAC, en medio de un proceso arbitral seguido contra el Gore Tumbes.
Usaron como mecanismo una “Audiencia de Conciliación”, entre la entidad y la empresa contratista, permitiendo no solo que ésta se apropie de s/ 2´449,483.00 nuevos soles en virtud a lo acordado, sino también del monto S/. 7´454,405.69 que le correspondía devolver al Gobierno Regional de Tumbes.
Según la investigación fiscal, en la ejecución de la obra de pistas y veredas en el barrio San José, por 9 millones de soles; la constructora debió pagar al gobierno regional por incumplimiento de contrato, sin embargo, todo fue al contrario, durante la conciliación los funcionarios se habrían coludido para beneficiar a la empresa, perjudicando al Estado.
Entre las principales pruebas actuadas por la Fiscalía Anticorrupción, figuraron el informe especial n° 04-2012-2-5353 «Examen Especial a Obras Públicas de la Sede Central del Gobierno Regional de Tumbes», la Hoja Informativa N° 01-2013-Comisión de Auditoría y el Informe Pericial N° 004-2015-RVV-P/REPE.
DATO. En junio del 2015, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoría de Huamachuco(La Libertad) ordenó la excarcelación inmediata del exasesor legal del Gobierno Regional de Tumbes, Marco Córdova Rivera, quien estaba en ese momento recluido en el penal de Puerto Pizarro por el presunto delito de colusión agravada en la obra; “Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura Vial Urbana del Asentamiento Humano Edmundo Romero Da Silva y Cercado de Zarumilla, Tumbes, II etapa por un monto de 3 millones 767 mil 461.47 soles.
El fallo lo declara fundado el magistrado Jairo Hernando Roldán Álvarez tras el hábeas corpus presentado por su defensa.
