La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 365 173.62 en el Gobierno Regional de Tumbes debido a la inaplicación de penalidades y pago por metrados no ejecutados conforme al expediente técnico en la obra de reparación de la carretera en la ruta de El Huásimo a Cabo Inga, en el distrito de San Jacinto. La obra se ejecutó durante el 2019 y el monto contractual fue de S/2 647 936.11.
Según el Informe de Control Específico N°29279-2021-CG/GRTB-SCE, se evidenció que el contratista no ejecutó un área de 20 000 m2 conforme a lo establecido en el expediente técnico, ya que en los tramos de los kilómetros 10 y 15 el espesor colocado de material afirmado es menor a 20 cm., incumpliendo lo exigido en las especificaciones técnicas. Sin embargo, los metrados fueron pagados en la valorización n° 5, a pesar de las deficiencias técnicas, ocasionando un perjuicio económico a la entidad de S/77 280.01.
También se observó una paralización injustificada del contratista por 10 días y retrasos en la ejecución de trabajos; no obstante, la entidad otorgó una ampliación de plazo de 20 días calendario al contratista, sin sustento técnico y al margen de lo establecido en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para Reconstrucción con Cambios. Esto evitó el cobro de penalidades por mora de S/264 793.61; lo que constituyó también un perjuicio económico a la entidad.
Por último, se detectó que el contratista presentó el cronograma valorizado 11 días después de iniciado el plazo de ejecución de obra, contraviniendo lo establecido en el contrato. No obstante, la demora no estuvo sujeta al cobro de la penalidad correspondiente de S/23 100, lo que sumó al perjuicio detectado.
Estos hechos causaron un perjuicio económico total de S/365 173.62 y se identificaron presuntas responsabilidades penales y administrativas en dos exsubgerentes de obras, dos exgerentes regionales de infraestructura, dos exinspectores de obra y tres miembros del comité de recepción. Además, se identificó presunta responsabilidad administrativa en el exjefe del Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura.
IMPLICADOS. Los responsables de este perjuicio económico al Estado de más de 365 mil soles son: el exsubgerente de obras Julio Cesar Castillo Moscol, el exsubgerente de obras Darwin Cristian Castro Jiménez, el exgerente regional de infraestructura Ricardo Rodolfo Caballero Alon, el exgerente de infraestructura Wilmer Córdova López, el presidente del comité de recepción de obra José Manuel Seclen García, Miguel Alonso Flores Muro y María Laura De Lourdes Sanchez Montoya, quienes también fueron miembros del comité de recepción de obra, el inspector de obra José Fernando Aldea Jaime, el inspector de obra Renzo Fred Furlong Soto y exjefe del área de asuntos legales de la Gerencia Regional de Infraestructura Yuri Brando Rengifo Yon.
Varios de los trabajos realizados no siguieron las especificaciones que aparecen en el expediente técnico, pese a ello el supervisor de obra José Fernando Aldea Jaime “se habría echo de la vista gorda”; asimismo, el ingeniero Darwin Christhian Castro Jimenez no cumplió cabalmente con sus funciones de subgerente de obras y dio conformidad a la valorización, sin observar las deficiencias que presentaba la obra. Posteriormente, el ingeniero Wilmer Córdova López emitió conformidad y solicitó el pago de las valorizaciones, sin cautelar ni supervisar el cumplimiento de los controles de calidad que permitan garantizar la finalidad del contrato de obra, situación que fue agravada por el comité de recepción, conformado por José Manuel Seclen García, Miguel Alonso Flores Muro y María Laura De Lourdes Sanchez Montoya.
DARWIN CRISTHIAN Castro Jiménez 
José Fernando Aldea Jaime 
José Manuel Seclen García 
Julio Cesar Castillo Moscol 
María Laura De Lourdes Sanchez Montoya 
Miguel Alonso Flores Muro
Renzo Fred Furlong Soto 
Ricardo Rodolfo Caballero Alon 
Wilmer Córdova López 
Yuri Brando Rengifo Yon
Los miembros del comité de selección, en compañía del supervisor de obra José Fernando Aldea Jaime, recepcionaron la obra sin emitir observaciones, más aún cuando este último no garantizó el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las partidas, esta situación benefició directamente al contratista con el pago de S/. 77 280.01 por metrados no ejecutados conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas, afectando la calidad y vida útil de la obra y el correcto funcionamiento de la administración pública.
Además, el ingeniero Renzo Fred Furlong Soto validó la solicitud del contratista para una ampliación de plazo supuestamente por ser afectado a causa de lluvias, pero esto fue desvirtuado por el SENAMHI, por su parte el ingeniero Darwin Christian Castro Jiménez no observó los retrasos en la ejecución de las partidas. El abogado Yuri Brando Rengifo Yon no emitió el informe legal opinando favorablemente lo solicitado por el contratista, siendo todo consumado por Wilmer Córdova López.
Finalmente, el inspector de obra Renzo Fred Furlong Soto, el inspector de obra Julio Cesar Castillo Moscol, el subgerente de obras y el exgerente de infraestructura Ricardo Rodolfo Caballero Alón no advirtieron la aplicación de una penalidad por la presentación del CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO por parte del contratista, después de 11 días de iniciado el plazo de ejecución de la obra, situación que fue consumada en la liquidación de la obra, a través del accionar del ingeniero José Fernando Aldea Jaime, Darwin Christian Castro Jiménez y de Wilmer Córdova López, generando un perjuicio de S/. 23 100.00
En total el perjuicio económico asciende a S/365 173.62 y se identificaron presuntas responsabilidades penales y administrativas, por lo que el procurador y el Ministerio Público deberían tomar acciones legales para exigir sanciones a los funcionarios responsables por presuntos actos de corrupción.
El informe ha sido comunicado al titular del Gobierno Regional de Tumbes y al procurador público especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones administrativas y legales que correspondan. Asimismo, se encuentra publicado en el Buscador de informes de servicios de control del portal institucional www.gob.pe/contraloria, para el fácil acceso a mayor información.
