Otro escándalo más envuelve al sector salud de Tumbes y nuevamente tiene que ver con serios problemas administrativos que desencadenan un perjuicio económico. Una serie de funcionarios del hospital JAMO terminaron favoreciendo a una serie de proveedores, una situación que podría estar dando indicios de una aparente colusión.
INFORME. La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/99 862 en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) II-2 debido por la inaplicación de penalidades debido al retraso injustificado en la entrega de bienes de contrataciones directas del 2020 y 2021. También se identificaron presuntas responsabilidades civiles y/o administrativas en seis exfuncionarios de la entidad.
Según el Informe de Control Específico N° 011-2021-2-6010-SCE, en el Hospital JAMO se realizaron contrataciones directas y adjudicaciones simplificadas para la adquisición de bienes y prestación de servicios en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, las cuales estuvieron a cargo del órgano encargado de las contrataciones y el Comité de selección de la entidad, respectivamente.
De la revisión selectiva a once procedimientos de selección para la adquisición de protectores faciales, mascarillas, guantes, reactivos de insumos, oxígeno medicinal, hemogramas automatizados, entre otros; se comprobó que los proveedores entregaron los bienes fuera del plazo establecido, teniendo entre dos hasta 89 días de retraso.
Sin embargo, la entidad no aplicó la penalidad por retraso injustificado que correspondía según la Ley de Contrataciones del Estado, originando un perjuicio económico total de S/ 99 862.
Además, se evidenció en la consulta realizada en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) que existen seis contrataciones directas por situación de Emergencia Sanitaria del 2020 que no han sido publicadas, contraviniendo lo que indica la normativa aplicable.
Las contrataciones no publicadas son: La Adquisición de línea para bomba infusora, Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos, Adquisición de oxígeno medicinal, Adquisición de mandilón descartable, Adquisición de guantes descartables y Adquisición de guante para examen descartable.
Del mismo modo, se verificó que en cuatro procedimientos de selección se ha incumplido el plazo para regularizar la contratación directa, pues la documentación fue emitida después de los 30 días hábiles establecidos en el Decreto de Urgencia. Estos fueron: Adquisición de mascarillas descartables quirúrgicas de tres pliegues, Adquisición de mascarillas KN95, Adquisición de oxígeno medicinal, Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos.
Las penalidad que no fueron aplicadas en los procedimientos de selección durante los años 2020 y 2021 beneficiaron a los siguientes proveedores: Luz María Rivas Ipanaqué, DIPROINSA, Marinasol S.A, Consorcio Alpha Omega SAC, Importaciones & Representaciones ARIAMED S.A.C, LC BIOCORP S.A.C, Sistemas Analíticos S.R.L, LINDE PERÚ S.R.L. Todo esto suma un monto de 99 862.13 soles.
Estos hechos afectaron la legalidad, transparencia y publicidad que exigen las contrataciones del Estado. Además, se identificaron presuntas responsabilidades civiles y/o administrativas en la exdirectora ejecutiva, tres exjefes de la unidad de logística y 2 exjefes del área de adquisiciones.
IMPLICADOS. Los funcionarios involucrados en este grave perjuicio al JAMO, son la exdirectora Lissy Isabel Palomino Dioses, el exjefe de la unidad de logística Exar Adalberto Agurto Reyes, la exjefa de la unidad de logística Carmen Elvira Barrantes Ruesta, el exjefe de la unidad de logística Lucio Iván Lobatón Barreto, el exjefe del área de adquisiciones Luis Daniel Ricardi Maceda, la exjefa del área de adquisiciones Milagros Yazmine Delgado Saldaña. Todos ellos con responsabilidad civil y administrativa.
Nuevamente se evidencia otra serie de irregularidades que se han realizado dentro del Hospital JAMO Tumbes y que terminaron favoreciendo a una serie de proveedores, sin importar que esto genere cerca de 100 mil soles de perjuicio económico, un monto que bien podría servir para cubrir una serie de necesidades que tiene el nosocomio.
El informe ha sido comunicado al titular del Hospital JAMO, al gobernador regional y al procurador público del Gobierno Regional de Tumbes para el inicio de las acciones administrativas y legales correspondientes. También se encuentra publicado en el Buscador de informes de servicios de control del portal institucional www.gob.pe/contraloria, en aras de la transparencia y acceso a la información.
En el informe de Contraloría se le solicita al Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidad que aparecen en el presente Informe de Control Específico.
