Aclaró que el operativo en Tumbes fue planificado internamente desde Lima y no responde a agendas políticas de congresistas
La Contraloría General de la República realizó un megaoperativo multidisciplinario en la región que reveló serias deficiencias e irregularidades en obras públicas y entidades estratégicas. El Contralor César Aguilar Surichaqui advirtió sobre fallas graves que ponen en riesgo la seguridad pública y cuestionó la calidad de los expedientes técnicos.
El operativo, coordinado por cerca de 20 funcionarios provenientes de Lima en conjunto con personal de la gerencia regional, incluyó inspecciones a escuelas, comisarías, hospitales y vías de la provincia.
El Hospital de Garrido fue uno de los focos principales de la fiscalización. La obra apenas ha alcanzado el 36% de avance físico, lo que genera dudas sobre su entrega programada para julio del próximo año.
Los inspectores identificaron deficiencias críticas que debieron detectarse en la elaboración del expediente técnico para evitar sobrecostos y retrasos. Entre los principales hallazgos figuran la ausencia de una planta de tratamiento de aguas residuales y problemas estructurales graves, incluyendo un voltaje insuficiente y dimensiones de carga que no corresponden con las necesidades reales de la infraestructura. Estos errores han obligado a los contratistas a implementar trabajos adicionales de emergencia.
El Puente Uña de Gato, calificado por el Contralor como un escándalo, se encuentra completamente paralizado. La obra carece de una conexión clara, ya que «no tiene dónde desembocar ni dónde empezar». El problema fue originado por una deficiencia en el expediente técnico: no se realizó el saneamiento físico legal previo de los terrenos de ingreso y salida, lo que mantiene pendientes procesos de negociación o expropiación de predios.
El hallazgo más alarmante del operativo se registró en la base policial de la región. El Contralor manifestó su malestar por las condiciones precarias en que laboran los efectivos policiales, detectándose huecos en paredes y pisos, así como un cableado deficiente que podría causar electrocuciones.
Sin embargo, la irregularidad más grave radica en el uso del espacio como depósito de vehículos incautados. Los inspectores hallaron petróleo, combustible y aproximadamente 60 balones de gas almacenados en el mismo lugar, lo que representa un peligro explosivo inminente. Según Aguilar Surichaqui, un accidente en esa área no solo afectaría la base policial, sino toda la manzana, poniendo en riesgo tanto a los policiales como a la comunidad adyacente. La Contraloría ya inició un servicio de control y emitirá un informe a las autoridades pertinentes.
El operativo también abarcó visitas a la sede central del Gobierno Regional, la Dirección de Transportes y Comunicaciones, y diversas municipalidades provinciales. En el GORE, equipos multidisciplinarios revisan contrataciones menores, perfiles de puestos y denuncias de nepotismo.
El Contralor reveló que se trasladó personalmente a la Gerencia de Transportes porque la entidad no había remitido información urgente solicitada el 6 de noviembre, pese a tener un plazo preventivo de dos días. Ante la renuencia de algunos funcionarios para entregar documentación, Aguilar Surichaqui advirtió que la negación de información oficial puede derivar en procedimientos administrativos que resulten en la remoción del funcionario de su cargo e, incluso, análisis de responsabilidad penal por obstrucción.
El Contralor enfatizó que la institución busca generar «rentabilidad social» mediante el destrabamiento de obras, escuelas y hospitales, en lugar de orientarse exclusivamente a sancionar a funcionarios responsables de irregularidades. A nivel nacional, la Contraloría ha destrabado proyectos por S/ 5,100 millones, beneficiando a 3.8 millones de habitantes y generando empleo.
Aguilar Surichaqui también subrayó la colaboración con el Ministerio Público a través de un convenio para realizar operativos conjuntos. Asimismo, aclaró que el operativo en Tumbes fue planificado internamente desde Lima y no responde a agendas políticas de congresistas. Finalmente, anunció la promoción de un nuevo modelo de control preventivo para reemplazar el control concurrente, buscando que la fiscalización no implique costos adicionales en obras públicas.
