Incumplimiento podría desatar ola de sanciones y afectar fondos públicos
La Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar se enfrenta a un nuevo escándalo. Según un informe devastador del Órgano de Control Institucional (OCI), la entidad ha retenido más de S/ 185,000 en aportes previsionales de sus trabajadores durante los primeros siete meses de este año, pero no los ha transferido oportunamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este acto de aparente negligencia no solo pone en jaque la seguridad financiera de sus empleados, sino que también expone a la municipalidad a sanciones y juicios costosos.
La investigación revela una cronología de irregularidades y pagos tardíos que podrían desencadenar consecuencias devastadoras. La municipalidad ha acumulado intereses moratorios que ya suman S/ 1,751.71, todo debido a la falta de organización y responsabilidad por parte de su gestión. Estos retrasos no solo afectan el patrimonio de los trabajadores, que ven comprometido su derecho a una jubilación digna, sino también el tesoro público, que podría verse drenado para cubrir los costos adicionales de este mal manejo.
El informe del OCI destapa que en múltiples ocasiones el alcalde Jaime Yacila Boulangger y su equipo no cumplieron con los plazos establecidos para el pago de los aportes. A pesar de haber retenido el dinero de las remuneraciones de enero a julio, los pagos a las AFP se efectuaron fuera del plazo legal, lo cual podría ser considerado una infracción grave en materia de seguridad social. Los trabajadores ahora temen que sus fondos de jubilación estén en riesgo y que la municipalidad enfrente demandas judiciales, así como acciones administrativas.
Fuentes internas sugieren que el problema radica en una posible desorganización en las áreas administrativas de la municipalidad, particularmente en la tesorería y finanzas. En el caso del mes de julio, por ejemplo, el informe señala que se retuvieron S/ 27,005.25 de los trabajadores, pero a la fecha de elaboración del informe, el pago aún no se había realizado. Esto podría ser la punta del iceberg de un sistema de gestión financiera colapsado y descontrolado.
Además de las implicancias legales, este escándalo coloca a la administración de Yacila Boulangger en una posición extremadamente vulnerable. La Contraloría General de la República ya ha solicitado que se tomen acciones correctivas urgentes para evitar que esta situación continúe empeorando. Mientras tanto, los trabajadores afectados se encuentran a la espera de respuestas y soluciones contundentes, temiendo que sus ahorros para el retiro estén en peligro.
