Luego de que Hechicera emitiera un informe en el que daba cuenta de una contratación irregular de un proveedor por parte de la comuna de Contralmirante Villar, la Contraloría General realizó una recopilación de información sobre este hecho y publicó recientemente un informe de orientación de oficio.
Según se indica, la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar realizó pagos a un proveedor de servicios del Instituto Vial Provincial Municipal que se encuentra impedido para contratar con el Estado por haberse desempeñado como directivo de confianza en la misma entidad. Nos referimos a Carlos David Farfán Mariñas, quien fue subgerente de Supervisión y Liquidación de obras de la mencionada municipalidad.
Según el Informe de Orientación de Oficio N° 014-2021-OCI/0474-SOO, de la revisión selectiva a los expedientes de pago de la Subgerencia de Tesorería, se identificó la contratación de los servicios de un jefe de operaciones para el Instituto Vial Provincial Municipal de Contralmirante Villar desde el 15 de junio hasta 15 de septiembre del 2021.
Sin embargo, la Contraloría detectó que el proveedor de servicios ejerció funciones como Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras (directivo de confianza) del 5 de enero al 10 de junio del 2021; es decir, hasta cinco días antes de ser contratado como jefe de operaciones.
El gerente regional de control de Tumbes, Luis Flores Rivas, en entrevista a Hechicera detalló los pormenores de este informe que corrobora otra de las tantas irregularidades que hemos venido denunciando sobre la Municipalidad de Contralmirante Villar.
“Hemos revelado una situación adversa, que es la contratación de un funcionario que estaba impedido por la normativa de contrataciones de ser proveedor de la misma entidad. Ya se ha notificado a la entidad para que adopte las acciones correspondientes”, refirió el titular de Contraloría en Tumbes.
La contratación se realizó a pesar que de conformidad al artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado se ha establecido que los funcionarios, empleados de confianza y servidores públicos con poder de dirección o decisión se encuentran impedidos de contratar con el Estado hasta 12 meses después de culminado su cargo.
Estos hechos habrían afectado los principios que deben regir las contrataciones y la legalidad de las actividades de la administración pública, ya que se realizaron pagos a nombre de un proveedor impedido de contratar con la entidad hasta el 10 de junio del 2022.
Los resultados de control simultáneo, que tiene como fin acompañar la ejecución de obras y servicios públicos, fueron comunicados a la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, la misma que posterior a la emisión del informe adoptó las medidas correctivas y dejó sin efecto el contrato con el proveedor. “Este caso específico es un control simultáneo, actualmente tenemos conocimiento que se ha dejado sin efecto esta contratación; sin embargo, de los 15 mil soles a los que asciende la contratación solo se cancelaron 5 mil soles”, acotó el gerente regional de control.
El informe se encuentra publicado en el portal www.gob.pe/contraloria, conforme lo establece la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, con el objetivo de transparentar la información. “El titular de la entidad tiene un plazo para que adopte los correctivos del caso y entregue el plan de acción al órgano de control institucional. Nosotros evaluamos luego que vence el plazo y de ser necesario activamos el control posterior que corresponde”, agregó Luis Flores Rivas.
