Subrayaron la importancia de remitir oportunamente las actas de intervención policial, en especial en casos de flagrancia
En las instalaciones de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Contralmirante Villar se desarrolló una reunión de trabajo entre representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y evitar retrasos en el desarrollo de investigaciones fiscales.
La cita fue liderada por la fiscal adjunta superior Carmen Elena Quispe Varela, a cargo de la Fiscalía Superior Gestora de Contralmirante Villar, quien acudió acompañada de la asistente en función fiscal Marcia Mihsell Montalván Carpio. Estuvieron presentes, además, los fiscales provinciales Soledad Fernández Rivera y Teófilo Martín Huerta Acuña, así como los fiscales adjuntos provinciales Luis Alberto Huamán Oyarce y Pedro Manuel Silva Araujo.
En la reunión también participaron los comisarios de Zorritos, teniente PNP Juan Diego Palomino Meneses; de Cancas, capitán PNP Iván Lequernaqué Barrientos; y de Cañaveral (Casitas), teniente PNP Mery Liz Ramírez Sarango, quienes reafirmaron su compromiso de colaborar de manera activa en las diligencias fiscales.
Durante su intervención, la doctora Carmen Quispe destacó que, tras la modificatoria de la Ley, la Policía tiene a su cargo la etapa preliminar de las investigaciones, bajo la orientación jurídica del Ministerio Público. Por su parte, los fiscales Luis Huamán y Soledad Fernández subrayaron la importancia de remitir oportunamente las actas de intervención policial, en especial en casos de flagrancia donde los plazos procesales son estrictos y la complejidad de los hechos exige una respuesta rápida.
Asimismo, los fiscales Pedro Silva y Martín Huerta enfatizaron que la asistencia policial a las diligencias programadas por los despachos fiscales es fundamental para dar el impulso que cada caso requiere y garantizar el avance de las investigaciones.
Finalmente, la teniente PNP Mery Ramírez informó que en su jurisdicción los delitos de mayor incidencia corresponden a usurpación y violencia contra la mujer, seguidos por casos de abigeato, situaciones que demandan una coordinación permanente entre la Policía y el Ministerio Público para lograr respuestas efectivas en beneficio de la ciudadanía.
