Se le viene la noche. La Fiscalía Provincial Mixta de la Provincia de Contralmirante Villar a cargo del Fiscal Pedro Manuel Silva Araujo, viene pidiendo que se le imponga cuatro años de pena privativa de la libertad contra el actual alcalde de la provincia de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger al igual que la exautoridad edil, Jesús Luna Ordinola, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones.
El pasado 14 de setiembre del 2023, el representante del Ministerio Público formalizó acusación directa contra el procesado: Jaime Yacila Boulangger y Jesús Alberto Luna Ordinola, por el delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, tipificado en el primer y segundo párrafo del artículo 361° del Código Penal, en agravio del Estado – representado por la Procuraduría General del Estado, por considerar que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención de los imputados en su comisión, así mismo dicha acusación se realiza en base a lo dispuesto en el artículo 336°, numeral cuarto del Código Procesal Penal, razón por la cual debe procederse conforme al trámite que le corresponde, por ser su naturaleza.
Es así, que el 21 de setiembre del 2023, el juez Pedro Pablo Arévalo Rivas, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Zorritos, dispuso córrase traslado a los sujetos procesales con el requerimiento de acusación directa por el plazo de 10 días, a fin que las partes presenten las objeciones que crean convenientes; precisar que solo será objeto de debate en la audiencia preliminar de control de acusación las solicitudes fundamentadas por escrito y presentados dentro del plazo de ley.
DUERME EL SUEÑO DE LOS JUSTOS. Sin embargo, un hecho que llama poderosamente la atención es que, el juzgado no ha convocado fecha para la audiencia de control de acusación directa a pesar de haber pasado más de tres meses.
LOS HECHOS. Según las pericias de la Fiscalía, el exalcalde Jesús Alberto Luna Ordinola, con fecha 28 de diciembre del 2022, emitió la resolución de alcaldía N° 224- 2022-PMCVZ-ALC, a través del cual se dio por concluida la designación del Abg. Fernando Junior Riveros Da Silva, en el cargo de Procurador Público Municipal en la comuna villarina, toda vez que dicha función le correspondía al Procurador General del Estado.
Posteriormente, el 06 de enero del 2023, días de haber asumido el cargo de alcalde, Jaime Yacila Boulangger, en su condición de autoridad edil emitió la resolución de alcaldía N° 029 – 2023 -MPCVZ – ALC, por la cual dispuso encargar al Abg. Pedro Luis Rosales Vite, la oficina de la Procuraduría Publica Municipal Provincial de Contralmirante Villar, disponiendo además se haga cargo inmediatamente del acervo documentario y los procesos judiciales pendientes. Ejerciendo así, una función que tampoco le correspondía como alcalde, sino que es propia del Procurador General del Estado.
Al parecer la falta de experiencia en la gestión pública a Jaime Yacila, el popular el “Pibe” le estaría pasando la factura a 1 año de gestión o sería la mala designación de funcionarios o asesores que no conocen las normas legales.
Al ser sentenciado el popular “Pibe” tendría que dejar el cargo, ya que la Fiscalía también está solicitando la inhabilitación por el plazo de 1 año para ocupar cualquier cargo público, aunque provenga de elección popular. Además, el pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil.
LA PRIMERA CONDENA. Cabe mencionar que, en septiembre del 2023, la Procuraduría Pública General del Estado obtuvo la primera sentencia favorable que sanciona a un burgomaestre por el delito de usurpación de funciones en agravio del Procurador General del Estado.
Esta sentencia, que sienta un precedente en la justicia peruana, fue emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de la sede de Huacrachuco, de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. El juez Jorge Arroyo Soriano sancionó al alcalde Hipólito Aguirre Vega con pena privativa de la libertad, inhabilitación de cargo público y al pago de una reparación civil a favor del Estado.
Cabe mencionar, que esta sentencia se dio por usurpar las funciones del procurador general del Estado respecto al cese del procurador municipal. Al parecer por el mismo camino va el alcalde villarino, Jaime Yacila.
