La Contraloría General detectó la contratación irregular de un proveedor en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, durante el 2020 y 2021, el cual se encontraba impedido de contratar con la entidad por ser hermano de un funcionario de confianza, además, no cumplió con los términos de referencia requeridos. Cuatro funcionarios y exfuncionarios ediles tendrían responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.
Según el Informe de Control Específico N° 017-2021-2-0474-SCE, de la revisión a la información registrada durante los periodos presupuestarios 2020 y 2021, se identificaron diez pagos al proveedor contratado, Sergio Braulio Isaías Ramos Baño, en modalidad de locador de servicios, de octubre de 2020 a julio de 2021, en la subgerencia de Estadística e informática, por un monto ascendente de S/ 15 600.
Por otro lado, se ha identificado que durante el periodo 2021, la Entidad ha realizado 7 pagos a Sergio Braulio Isaías Ramos Baño con Registro Único de Contribuyente 10484632273, por los servicios de “soporte técnico” y técnico en apoyo a servicios informáticos”, a solicitud y conformidad de la Subgerencia de Estadística e Informática, a cargo de Maryuri Lisbeh Zárate.
Sin embargo, la Contraloría evidenció que este proveedor se encuentra impedido de contratar con la entidad por ser pariente en segundo grado de afinidad (hermano) del Secretario General e Imagen Institucional, Wagner Gabriel Ramos Baño, funcionario de confianza designado desde el 3 de enero del año 2020, lo que contraviene la normativa de contrataciones del Estado.
La consulta realizada en el portal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC, muestra que el proveedor Sergio Braulio Isaías Ramos Baño y Wagner Gabriel Ramos Baño, son hijos de José Isaías y Gladis Ruth; y que estos ciudadanos consignar la misma dirección, por lo que existen indicios de que este proveedor y el funcionario de confianza son hermanos.
AI respecto, el numeral 11.1 del articulo 11. Impedimento, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se establece que los funcionarios públicos y empleados de confianza se encuentran impedidos para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado; extendiéndose este impedimento hasta sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y otros, conforme se consigna en el numeral iii) del literal h) del citado artículo. Cabe señalar aquí que, dentro de la relación de parientes hasta el segundo grado consanguinidad, se encuentran los ‘hermanos».
Con relación al proceso llevado a cabo para la contratación del proveedor en mención, se tiene que Maryuri Lisbeh Zárate Atoche, subgerente de Estadística e Informática, en 2 de sus requerimientos consignó el nombre de Sergio Braulio Isaías Ramos Baño, pese a que la función de seleccionar al proveedor corresponde a la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial y no a quien realiza el requerimiento (área usuaria), conforme se dispone en la Directiva n.° 003-2019-MPCVZ-GAF, aprobada mediante Resolución Gerencial Administrativa n.° 004-2019/MPCVZ-GAJ de 2 de julio de 20t9 (Apéndice n.°103).
Sumado a ello, se tiene que Maryuri Lisbeh Zárate Atoche, subgerente de Estadística e Informática, adjuntó a sus requerimientos un anexo que incluía los términos de referencia que el proveedor a contratar debía cumplir, siendo algunos de estos: uno (1) año de experiencia en el cargo y título de técnico en informática y sistemas o de Bachiller en informática y sistemas.
Del mismo modo, se reveló que el proveedor no acreditó contar con el título de técnico o bachiller en informática y sistemas, ni tener un año de experiencia en el cargo, como lo exigían los términos de referencia requeridos; lo que no fue verificado por la Subgerencia de Abastecimiento y, a pesar de ello, la Subgerencia Estadística e informática emitió conformidad de los trabajos realizados.
No obstante, este hecho no fue verificado por la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial en la selección del señor Sergio Braulio Isaías Ramos Bajo como proveedor, ni por Maryuri Lisbeh Zárate Atoche, subgerente de Estadística e Informática cuando propuso la contratación y emitió conformidad del servicio brindado, dado que en los expedientes de pago no se adjunta información de las cotizaciones solicitadas para las comparaciones correspondientes; tampoco se adjunta evidencia del título técnico de este proveedor ni de su experiencia en el cargo; sino que en su Iugar se adjuntaron certificados de haber cursado módulos en el Centro Educativo Técnico Productivo – CETPRO N° 002 Tumbes; así como, documentos de haber laborado como: preventista de un Centro Comercial, auxiliar de reparto, coordinador de mesa en la Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE, y asistente de oficina/digitador en un negocio.
Estos hechos afectaron la transparencia, libertad de concurrencia, igualdad de trato, competencia e integridad que deben regir en las contrataciones del Estado, y la legalidad de las actividades de administración pública. Como consecuencia de ello, se identificaron responsabilidades penales y administrativas en dos subgerentes y dos exsubgerentes de la entidad.
El informe fue comunicado al titular de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar para las acciones administrativas correspondientes y al Procurador Público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones legales penales.
SANCIONES. La Contraloría recomendó aI Titular de la Entidad, el alcalde Jesús Luna Ordinola, que realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar comprendidos en los hechos irregulares.
Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, la Contraloría solicita dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.
, Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Jean Paul Olaya Atoche 
Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Denis Valentín Herrera Eras 
Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Jorge Edward Rodríguez Carmelo.
Los funcionarios municipales a los que se les habría hallado presunta responsabilidad penal son: Subgerente de Estadística e Informática Maryury Lisbeh Zárate Atoche, Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Jean Paul Olaya Atoche, Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Denis Valentín Herrera Eras, Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Jorge Edward Rodríguez Carmelo.
