En el marco de la transparencia y el acceso a la información pública, la ciudadanía tiene a su disposición los informes de rendición de cuentas de gobernadores y alcaldes salientes (2019-2022) y transferencia de gestión regional y municipal, a través del portal institucional de la Contraloría General de la República.
RINDEN CUENTAS. Luego de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, los titulares salientes de los gobiernos regionales y locales debieron presentar tres informes de rendición de cuentas: el inicial (con corte de información al 30 de setiembre de 2022), el actualizado (al 27 de diciembre de 2022), y el final (al 31 de diciembre de 2022), en el marco de la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI.
En cumplimiento a esta norma, a la fecha, 1602 gobiernos regionales y locales, de un total de 1916 entidades públicas, cumplieron con presentar el informe inicial; 1401 el informe actualizado y 1107 presentaron el informe final.
En este proceso, el titular saliente de la entidad, es decir, el gobernador y alcalde, presenta al final de su gestión, el informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo, con carácter de declaración jurada, a través del aplicativo informático de la Contraloría General.
En dicho documento informa a la autoridad electa, a la Contraloría y a la ciudadanía, sobre el estado de la ejecución de los sistemas administrativos y los resultados de su gestión, en relación con los bienes y servicios públicos que se brindan a la población.
Cabe resaltar que estos informes también son publicados en cada portal institucional de las entidades públicas; a fin de promover el ejercicio de control social por los ciudadanos.
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. Por otra parte, la Contraloría General reveló que un total de 1206 de 1916 entidades públicas, que representan el 90% del presupuesto total del gobierno subnacional, cumplieron con la presentación de su informe de transferencia de gestión, a fin de garantizar una sucesión eficaz y la continuidad en la prestación y gestión de los servicios y bienes públicos en beneficio de la ciudadanía en todo el territorio nacional.
En este proceso, el titular saliente de la entidad, reporta al titular entrante, los logros y los asuntos de prioritaria atención, a fin de garantizar la continuidad las operaciones y la prestación de los servicios públicos brindados por la entidad. Cabe resaltar que el informe de transferencia de gestión debió presentarse el 27 de diciembre del 2022, antes de que finalice la gestión de los alcaldes y gobernadores del período 2019-2022.
La Contraloría General y los Órganos de Control Institucional (OCI) desde un inicio realizaron el acompañamiento del proceso de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión, cautelando que se cumplan las etapas y actividades de dicho proceso.
Los alcaldes y gobernadores que asumieron el cargo en enero del 2023, tras ganar las elecciones, pueden presentar denuncias en caso identifiquen alguna irregularidad en las gestiones anteriores.
Datos: La Ley 30204 y la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI de la Contraloría General de la República, son los documentos normativos que regulan el cumplimiento obligatorio del informe de transferencia de gestión, teniendo en cuenta los procesos de transferencia de gestión y rendición de cuentas de titulares.
En el informe de transferencia, que también es vital y de máxima importancia, figura información sobre el estado en que se van a entregar los asuntos de atención prioritaria administrativa, así como del estado del pago mes a mes de los servicios de luz, agua, teléfono entre otros.
Figura también todo lo relacionado a los trabajadores, como los convenios colectivos, si los hubiera; además del acervo documentario necesario para la transferencia.
La Contraloría como ente rector, porque ha normado toda la información a entregar y publicar, cuando detecta un caso de omisión de titulares de gestión, procede a iniciar las acciones de control gubernamental para determinar las responsabilidades correspondientes.
La Contraloría si bien tiene a su cargo los procesos de control tiene aliados como son las 40 oficinas de la Defensoría del Pueblo en todo el país, así como las fiscalías descentralizadas que apoyan la labor del ente de control.
