En Tumbes se allanó cuatro viviendas de propiedad de Melchor Edgar Sanjinez Cabrera
Redacción. La madrugada del miércoles, la Policía de la COMOPPOL y DIRNIC, detuvo a 18 presuntos integrantes de la banda criminal “Los Abastecedores de Ventanilla – Callao”, en simultáneo en las regiones de Lima, Piura, Tumbes y Cajamarca.
Dos de los detenidos son naturales de la región Tumbes, donde se allanaron cuatro inmuebles, encontrando 23 armas de fuego de dudosa procedencia y 116 mil municiones de 40, 9 y 16 milímetros, para escopetas y carabinas.
En Lima, se detuvo a los hermanos tumbesinos, Melchor Edgar y Roberto Sanjinez Cabrera, quienes al parecer traficaban con armas de fuego bajo la fachada de la empresa formal denominada, Armas y Municiones El Cazador E.I.R.L.
El operativo se llevó a cabo en simultáneo, donde un fuerte contingente policial llegó hasta las viviendas ubicadas en la calle Piura Nª 1414, 1453 y 1455 y adyacente al mercado de Tumbes. Además, la PNP llegó hasta la vivienda ubicada en Asentamiento Humano Lishner Tudela en Andrés Araujo, donde procedieron al descerraje de las mismas.
En el inmueble Nº 1414 se logró retirar las municiones y armas que no contaban con la documentación legal, mientras que en la casa Nº 1455 se habría encontrado una caleta de armas de fuego y municiones.
Según la investigación preliminar, Melchor Sanjinez utilizaría su empresa como fachada para la venta de armas y municiones a favor del crimen organizado, cuyo modus operandi sería captar a personas para que de manera legal adquieran las armas de fuego.
Tras idear un plan, la persona captada simulaba un robo o pérdida de su arma recién adquirida para proceder a asentar la denuncia en alguna de las comisarías; sin embargo, dichas armas eran comercializadas a bandas criminales que operaban en Perú y otros países.
La Policía señala al dueño de la empresa Armas y Municiones El Cazador EIRL, Edgar Sanjinez Cabrera, como uno de los presuntos cabecillas de la banda criminal. A nivel nacional fueron 23 inmuebles allanados.
Los detenidos, junto a sus presuntos compinches, serán procesados por organización criminal, fabricación, comercialización, uso o porte de armas, y delito contra la fe pública tras descubrirse la falsificación de documentos en general.
