A través de técnicas de detección de conexiones clandestinas y con el apoyo del personal de la Oficina de Agua No Facturada, efectivos policiales de la comisaría de San Juan de la Virgen y personal legal de la institución, intervinieron ocho conexiones clandestinas de 1 pulgada en el caserío de Tacural, sector el canal, en el distrito de San Juan de la Virgen.
Estas conexiones provenían desde la red matriz de la red de agua potable de la UE hacia siete puntos domésticos y uno comercial (restaurante), de esta manera burlaban todos los controles e inspecciones de la entidad”.
Durante la diligencia sólo se logró identificar al dueño de uno de los predios, que hacía un uso desmedido del agua potable, lo que perjudicaba, en continuidad y presión, a los usuarios formales del sector, que sí pagan por el servicio.
Posteriormente se levantó el acta policial para continuar con la denuncia formal por parte del área legal de Agua Tumbes, cuyos técnicos procedieron a realizar la desactivación de más de medio kilómetros de redes ilegales, de tal forma que no puedan volver a ser utilizadas por los clandestinos.
El robo de agua potable es un delito contra el patrimonio que está tipificado en nuestro Código Penal, considerando como hurto simple y agravado. El primero, establecido en el artículo 185°, que literalmente dice: “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparán a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico.
Asimismo, el delito de hurto agravado, establecido en el artículo 186°inc. 10 que señala: “El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido: inc.10.- Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.
